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Hace unos días, Vox obligó al PP a incorporar en sus pactos de gobierno en Extremadura y Aragón el principio de "prioridad nacional" en el acceso a "ayudas, subvenciones y prestaciones públicas" . Literalmente, en los dos documentos firmados por las dos formaciones de derecha y ultraderecha, se indica el compromiso de "promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, inspirado en el principio de prioridad nacional, que busca la asignación prioritaria de recursos públicos a quienes mantienen una conexión real, duradera y verificable con el territorio". Dado que discriminar a una persona por su lugar de origen es ilegal (el artículo 14 deja claro que "los españoles son iguales ante la ley, sin que se permita discriminación alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" ), ambas partes insisten en que, en la aplicación práctica de este principio, entraría en juego el "arraigo" de una persona en un territorio, sobre todo, medido por los años que lleva inscrita en ese lugar , además de otros factores como los "vínculos económicos, sociales, familiares, laborales y formativos", el "historial de cotizaciones" o la "contribución al sistema". Uno de los líderes emergentes de Vox, Carlos Hernández Quero , señaló como criterio de exclusión para acceder a estos beneficios el límite de 10 años de residencia ininterrumpida en una determinada zona (en un municipio, en una comunidad autónoma, en el Estado), un requisito que forma parte de la ideología xenófoba de esta formación y que puede marginar a una parte importante de la población. Este miércoles, el INE publicó las variables actualizadas de residencia, educación y trabajo del Censo , con datos hasta 2025. Estos indicadores muestran cuántas personas han residido en una comunidad autónoma específica o municipio no específico durante menos de diez años. Esta cifra es cada vez mayor, dada la creciente movilidad por motivos personales, académicos o laborales —cada vez más personas residen fuera del municipio en el que nacieron— y alcanza sus mayores proporciones en las zonas urbanas. En 2025, el 22,8% de la población empadronada en las siete ciudades gallegas más importantes llevaba residiendo allí menos de 10 años y, por lo tanto, quedaría excluida del acceso a determinados recursos públicos municipales, según el criterio de arraigo utilizado por Vox y PP . Esto representa a unas 228.562 personas de un total de algo más de un millón de habitantes que conforman esos siete municipios. Estas cifras incluyen a muchas personas nacidas en el extranjero y también a muchas nacidas en España, pero que ahora viven en un municipio diferente al de su nacimiento y que, por lo tanto, carecen de esas raíces arraigadas. Los porcentajes más altos se encuentran en Santiago (26,5%), Ourense (26%) y A Coruña (25,1%), seguidos de Ferrol (23,3%), Pontevedra (22,5%) y Lugo (21,7%). Vigo (18,8%) es la ciudad con la menor proporción de población con menos de diez años de registro. A nivel gallego, encontramos alrededor de 200.000 personas, el 7,28% de la población, que han residido en Galicia durante menos de diez años consecutivos y que, por lo tanto, quedarían excluidas de la asignación de recursos públicos de carácter autonómico (los más importantes). Obviamente, si el criterio temporal fuera otro (5 años de registro o 15 años...), las cifras serían diferentes. El gráfico anterior muestra la gran movilidad que existe en la población de las zonas urbanas, donde apenas el 40% de sus habitantes nacieron en ese mismo lugar . Las cifras son más altas en Vigo (45%) y apenas superan el 30% en Ourense y A Coruña. En todas las ciudades, excepto Vigo, más de una cuarta parte de la población proviene de otro municipio de la misma provincia. Santiago es la ciudad que más población ha atraído procedente de otras provincias gallegas, mientras que A Coruña y Ferrol son las ciudades donde la población nacida en otras comunidades autónomas tiene mayor peso. La población nacida en el extranjero es más importante en A Coruña y Ourense, superando el 12%.
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