Al servicio de la democracia

La guerra civil española no se dio solo dentro de nuestras fronteras. Muchos más sufrieron las consecuencias. Los españoles que estaban fuera tuvieron que ver como sus familias pasaban por una guerra que perdió la mayoría de la población. Pero, de los alejados de su tierra, solo unos pocos vivieron la fractura en carne propia: el cuerpo diplomático español. Las embajadas y consulados tuvieron que luchar por la legitimidad internacional de la República, mientras que Franco avanzaba en la península. Ahora, el historiador y columnista de infoLibre Ángel Viñas reconstruye las trayectorias de aquellos diplomáticos que permanecieron leales al Gobierno constitucional, en su nuevo libro Al servicio de la democracia: Los diplomáticos de la República y la factura de la lealtad , que salió a la venta este martes 29. infoLibre ofrece un fragmento del octavo episodio del libro, que salió a la venta este martes 29, a través de la Editorial Crítica. _______________________________ En vísperas de la guerra civil española, las representaciones diplomáticas y consulares de España en Gran Bretaña eran de las más importantes de todas las mantenidas en Europa y en el extranjero (un conjunto de 42 diplomáticas y 152 consulares). Las razones para ello eran evidentes y obedecían a dos factores correlativos e incontestables. Por un lado, un factor de política internacional: durante los años treinta del siglo xx, al igual que desde hacía más de un siglo, el Reino Unido era una gran potencia económica y militar, constituía la metrópoli de un vasto imperio colonial expandido por los cinco continentes y gozaba de una relativa estabilidad social y política en medio de un mundo todavía convulsionado por la Gran Depresión de 1929. Por otro lado, un factor de política interna española: en 1935, un año antes del inicio de la contienda, en términos económicos Gran Bretaña seguía siendo, como casi siempre desde mediados del siglo xix, el primer país importador de productos españoles, uno de los principales proveedores del mercado hispano y la nación con mayores inversiones directas en España. Además, en el ámbito geoestratégico, era un país fronterizo en virtud del dominio británico del peñón de Gibraltar, base naval principal en la ruta mediterránea desde la metrópoli al canal de Suez y la India y el Extremo Oriente. Y, por último, el Reino Unido era también, junto con Francia, uno de los principales referentes diplomáticos de España desde los lejanos tiempos de la Cuádruple Alianza de 1834 y de los más cercanos de los Acuerdos de Cartagena de 1907. En definitiva, la plaza de Londres, a muy poca distancia de la de París, era uno de los principales centros neurálgicos de la diplomacia española contemporánea y así se demostraría durante toda la guerra civil. En gran medida por ese carácter central y decisivo, los avatares de la representación española en Gran Bretaña tras la sublevación militar de julio de 1936 fueron un nítido reflejo de lo sucedido en el conjunto del Cuerpo Diplomático y Consular encargado de la representación de los intereses españoles en el exterior. Ante todo, como resultado del estallido de la guerra civil, esa representación sufrió una profunda e irreversible fractura, al igual que todos los órdenes de la administración estatal española y tal y como sucedió en casi todas las embajadas y consulados del exterior. Además, lo sucedido en el Reino Unido no se diferenció básicamente de la tendencia general dominante en esos círculos, puesto que, si bien el bando insurgente ganó la batalla en cuanto a las adhesiones mayoritarias del personal de plantilla, fue sin embargo el bando republicano el que mantuvo la titularidad jurídica de las representaciones, procediendo a sustituir las vacantes causadas por los desafectos con nuevos nombramientos de emergencia. Como recordaría el periodista socialista Julio Álvarez del Vayo, convertido en septiembre de 1936 en ministro de Estado del nuevo gobierno republicano, para entonces «el 90 % del Cuerpo Diplomático había desertado». No era una exageración impostada, como demuestran los estudios básicamente concurrentes de José Luis Pérez Ruiz y Ángel Viñas. Entre el 18 de julio y el 27 de agosto de 1936, casi todos los diplomáticos de la embajada española en Londres (incluyendo al propio embajador, Julio López Oliván, recién incorporado hacía pocos meses) presentaron la dimisión de sus cargos y, la gran mayoría, pasaron a actuar abiertamente a favor de las autoridades insurgentes. La representación de estas en Gran Bretaña estaba en manos de una Junta Nacionalista dirigida por dos notables exponentes del monarquismo alfonsino: el ingeniero aeronáutico Juan de la Cierva y Codorníu, hijo mayor del político conservador homónimo, y Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, el duque de Alba, muy apreciado en los círculos oficiales y conservadores británicos por su supuesta doble condición de duque de Berwick y par de Inglaterra. Ambos habían participado de manera activa en la trama civil de la conjura antirrepublicana puesta en marcha por el general Mola desde la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936. Desde el inicio de la sublevación militar, esa Junta Nacionalista estuvo en contacto directo y confidencial con el embajador, Julio López Oliván, y con sus principales colaboradores: Pedro García-Conde Menéndez, consejero; Fernando Valdés Ybargüen, primer secretario; José Fernández-Villaverde y Roca de Togores, segundo secretario; capitán Manuel Medina Morris, agregado naval; comandante Emilio Velo, adjunto al agregado naval; y Antonio Vidal Tolosana, adjunto al agregado comercial. También establecieron contacto con los representantes insurgentes en Gran Bretaña cuatro de los seis cónsules acreditados en el país: José Gimeno Aznar (Cardiff), Eduardo María Danís Maranges (Glasgow), Ignacio de Muguiro y Muñoz de Baena (Liverpool) y Álvaro Seminario Martínez (Newcastle). Por el contrario, el cónsul general en Londres, Vicente Álvarez-Buylla y Lozana, así como el agregado comercial, Daniel Fernández-Shaw Iturralde, y el cónsul en Southampton, Roger de Fuentes Bustillo y Cueto, se mantuvieron en sus respectivos cargos con plena lealtad al gobierno republicano. También permaneció en el consulado de Liverpool Tomás Bordallo Cañizal, pero jugando «a dos bandas» hasta su cese en julio de 1937.3 El expediente informativo y depurador incoado por las autoridades franquistas con posterioridad reconocería la importancia de las gestiones hostiles de López Oliván y sus ayudantes haciendo constar «la poca actividad, si así puede llamarse, de la embajada en ese período comprendido entre el 18 de julio y el 28 de agosto, que contrasta con la desplegada con posterioridad». Así pues, en Gran Bretaña, como en tantas otras partes, la defección de la mayoría del personal diplomático y consular acreditado supuso un duro revés para el gobierno republicano y un abierto triunfo para las autoridades insurgentes. No en vano, ese fracaso republicano reduplicaba otras penalidades aún más importantes puesto que, desde el inicio de la guerra, la suerte de las armas en el interior y la búsqueda de apoyos en el exterior se habían decantado decisivamente a favor de los militares insurgentes y en contra de las autoridades republicanas. En vista de la debilidad gubernamental francesa y de la apenas encubierta simpatía británica por los insurrectos, tanto Hitler como Mussolini habían accedido a prestar un apoyo militar que podría reportarles indudables ventajas político‑estratégicas en el área mediterránea occidental a bajo riesgo y pequeño coste. En esas circunstancias, la adhesión a fines de agosto de 1936 de todos los gobiernos europeos al Acuerdo de No Intervención en España, patrocinado tenazmente por Francia y Gran Bretaña, sentenció la derrota diplomática de la República por un doble motivo. Primeramente, porque supuso su equiparación de facto a los insurgentes en términos operativos y en una cuestión crucial (la posibilidad de adquirir armas y municiones en los mercados continentales, facultad hasta entonces reservada al gobierno legal reconocido internacionalmente). En segundo orden, porque, desde el principio, la forma de aplicación de dicho acuerdo acentuó esa derrota jurídica dando origen a un sistema asimétrico de ayudas e inhibiciones: mientras los restantes gobiernos europeos cumplían estrictamente el compromiso de embargo e impedían el abastecimiento de la República en sus fuentes de suministros bélicos tradicionales (sobre todo los mercados francés y británico), Alemania e Italia (y en menor medida Portugal) continuaron sus envíos encubiertos de armamento para Franco a pesar de las prescripciones del acuerdo. Precisamente la magnitud de ese descalabro diplomático sufrido, junto con la conciencia de la importancia de Gran Bretaña en el contexto internacional, motivaron a finales de agosto de 1936 una decisión crucial del gobierno de la República: el 29 de agosto solicitó formalmente el plácet de las autoridades británicas para un nuevo titular de su embajada en Londres: Pablo de Azcárate y Flórez (Madrid, 1890 – Ginebra, 1971). La aceptación por parte de Azcárate de su nombramiento supuso una gran sorpresa en los círculos diplomáticos continentales porque el recién designado embajador era uno de los más notables funcionarios internacionales españoles en Ginebra y ejercía desde 1934 el influyente cargo de secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones (segundo puesto ejecutivo de importancia en el organismo internacional, al que hubo de renunciar de inmediato). Sin embargo, la decisión de los gobernantes españoles respondía a una indudable coherencia política y diplomática: el nuevo y reputado representante de la República en Gran Bretaña iba a ser un genuino exponente de la tradición liberal krausista que había servido a los ideales políticos del republicanismo democrático. Así lo acreditaban los antecedentes familiares del embajador (sobrino de Gumersindo de Azcárate), su formación académica (discípulo de Francisco Giner de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza), su categoría intelectual (catedrático de Derecho Administrativo desde los veintitrés años) y su doble y dilatada experiencia política (diputado por el Partido Reformista en 1918) y administrativa (funcionario de la Sociedad de Naciones desde 1922). Por supuesto, la decisión del gobierno republicano al nombrar a Pablo de Azcárate como nuevo embajador en Londres, tomada en una coyuntura realmente crítica y dramática, estaba basada en un certero cálculo político y diplomático: la esperanza de que su reconocido prestigio y talante liberal podrían contribuir a paliar el efecto dañino de las deserciones y dimisiones producidas, a la par que reforzaría la imagen democrática de la España republicana y evitaría el supuesto deseo oficial británico de negar el plácet a un nuevo embajador (para reducir así la representación republicana en el país y amortiguar la ausencia de representación formal insurgente). El 31 de agosto de 1936, López Oliván prestó su último servicio encubierto a los insurgentes advirtiendo al Foreign Office que su sucesor en el cargo era «una personalidad destacada y sincera con bastante tendencia hacia el comunismo teorético». Pocos días después, para ayudar a Azcárate en su labor, fueron nombrados los restantes cargos diplomáticos vacantes: Antonio de la Cruz Marín (ministro‑consejero), el comandante Fernando Navarro Capdevila (agregado naval) y el escritor Antonio Ramos Oliveira (agregado de prensa y propaganda). De este modo, tras la llegada del embajador y su nuevo equipo a mediados de septiembre de 1936, la República comenzó a desarrollar una intensa actividad política y diplomática en Gran Bretaña, de la que había carecido en las transcendentales semanas previas. En sus memorias publicadas póstumamente en 1976, Azcárate describió con precisión los dos objetivos prioritarios de su misión diplomática en Gran Bretaña durante toda la guerra civil: «ganar para la república el mayor apoyo y comprensión posible entre las clases conservadoras inglesas que eran las que en aquel momento gobernaban el país»; y a la par, «extender todo lo posible, dentro del mundo político y social de Inglaterra, y particularmente de Londres, la simpatía y el apoyo moral hacia la causa de la república». Para alcanzar ambos fines, la actuación política y diplomática del embajador se concentró en «dos puntos fundamentales» que recapitularía casi al final del conflicto con las siguientes palabras: a) Hacer patente la realidad y extensión de la intervención italiana y alemana en favor de los rebeldes; mostrar que lo que está ocurriendo en España es resultado del designio de esas dos potencias de dominar políticamente a España; subrayar los inmensos peligros que esto representa para Inglaterra en el caso de un triunfo de los rebeldes. b) Destruir la idea de que la república era el comunismo y el bolchevismo en acción; demostrar la inexistencia del influjo decisivo y preponderante de la URSS en la política republicana; sacar el máximo partido de los inmensos progresos realizados por la república, no solo en el orden militar, sino en la reconstitución de toda su vida civil. Ciertamente, la labor de Azcárate se atuvo a esas directrices con notable constancia y coherencia durante toda la guerra, tratando de lograr el «apoyo y comprensión» de las autoridades conservadoras británicas y la simpatía y solidaridad de las restantes fuerzas políticas y sociales del Reino Unido. Sin embargo, si bien sus éxitos serían considerables en la realización de este segundo objetivo, no puede decirse lo mismo respecto del primero. Hasta el mismo final de la contienda, los círculos gubernamentales británicos preservaron intacto su compromiso de no intervención incondicional y rechazaron con mayor o menor frialdad las tentativas republicanas de aproximación y búsqueda de un apoyo moral o material. De hecho, la pretensión de Azcárate representaba un ideal de muy difícil realización, una misión casi imposible habida cuenta de los fundamentos y propósitos de la política exterior  británica frente a la crítica coyuntura de los años treinta en Europa y el mundo. La política neutralista del gobierno conservador británico ante el conflicto español estuvo determinada desde el primer momento por dos motivos esenciales y complementarios que se reforzaban mutuamente. En primer lugar, los gobernantes del Reino Unido abrigaban la convicción de que España, desde las elecciones de febrero de 1936, estaba inmersa en una crisis similar a la de Rusia en 1917 y creían que dicha crisis había desembocado en un choque frontal entre un Ejército meramente contrarrevolucionario y unas milicias obreras revolucionarias a las que servía de pantalla legitimadora un impotente gobierno reformista. Así lo habían advertido los diplomáticos británicos residentes en el país desde los primeros días de la sublevación: «La verdad sobre España era que hoy no existía ningún Gobierno. De un lado estaban actuando las fuerzas militares y de otro se les oponía un Soviet virtual» (21 de julio). Esa naturaleza subversiva real —ya que no formal— del bando republicano vedaba de facto cualquier ayuda directa o indirecta británica al gobierno español y hacía preferible la victoria, cuanto primero mejor, de las fuerzas militares insurgentes para salvaguardar el orden y la propiedad en España (incluyendo las cuantiosas inversiones británicas en el país y la seguridad de la base naval de Gibraltar). El segundo motivo de esa neutralidad absoluta e incondicional radicaba en la política general de apaciguamiento (Appeasement Policy) en Europa practicada por Gran Bretaña desde el inicio de la grave crisis económica de 1929. El objetivo esencial de dicha política consistía en evitar cualquier nuevo conflicto entre el extenso y disperso Imperio británico y las tres potencias revisionistas del statu quo que amenazaban su seguridad: Japón en el Extremo Oriente, la Alemania nazi en Europa central e Italia en el Mediterráneo. Aterrados por la sangría humana y económica de la primera guerra mundial, los gobernantes británicos pretendían negociar con esas potencias reajustes en el statu quo como mal menor siempre preferible a una nueva confrontación general. La aguda conciencia de vulnerabilidad estratégica, debilidad económica y desventaja diplomática respecto a 1914‑1918 (ya no cabía contar con la ayuda de Estados Unidos, replegados en el aislacionismo, ni de Rusia, convertida en una amenazante Unión Soviética) aconsejaba transitar la vía del apaciguamiento de Italia (la potencia más débil) y Alemania (la más cercana y poderosa) para evitar así su potencial confluencia hostil. No en vano, los dirigentes británicos creían que incluso si esa guerra pudiera ser librada y ganada (con ayuda de una debilitada Francia), también provocaría irreversibles pérdidas para la posición económica, militar e imperial del Reino Unido. Sin excluir, además, las posibilidades que se abrirían con el conflicto bélico a la expansión del comunismo y la revolución por todo el mundo (propósito atribuido en Londres a los dirigentes soviéticos a pesar de su reciente política de cooperación con las democracias iniciada en 1934). Habida cuenta de las sólidas razones de esa política de apaciguamiento y de la interpretación oficial sobre la crisis española, no resulta sorprendente que las esforzadas tentativas de Azcárate apenas lograran modificar la actitud gubernamental británica. Entre otras cosas, porque la política de no intervención británica en la guerra española constituía en realidad la aplicación regional y específica de su política general de apaciguamiento en Europa y se acoplaría sistemáticamente a los parámetros establecidos por dicha política hasta su mismo desplome en vísperas de la segunda guerra mundial. Por eso, de nada servían frente a ese fundamento las reiteradas denuncias de Azcárate sobre los peligros de la intervención italogermana o las repetidas garantías de contención del comunismo y voluntad de independencia de la República respecto a la URSS (cuyo crucial apoyo militar comenzó a llegar en octubre de 1936). En esencia, los gobernantes británicos consideraron que esa intervención de Italia y Alemania, aparte de favorecer el deseable triunfo de un bando contrarrevolucionario, no pondría en cuestión a largo plazo los intereses políticos, estratégicos y económicos del Reino Unido en España. No en vano, los hipotéticos riesgos al respecto siempre podrían contrarrestarse por los abrumadores recursos disponibles en caso de emergencia: el poder de atracción de la libra esterlina para encabezar (o frustrar) la necesaria reconstrucción económica posbélica española; y el poder de disuasión de la flamante Royal Navy, con capacidad dual para bloquear y estrangular las costas y archipiélagos españoles o para protegerlas y garantizar sus comunicaciones internas y externas. Mientras llegaba el momento de poner en práctica ambos recursos (el clásico dúo conocido como the carrot and the stick: el palo y la zanahoria), el Acuerdo de No Intervención y su Comité correspondiente establecido en Londres permitían salvaguardar los principales objetivos diplomáticos británicos en el conflicto: confinar la lucha dentro de España y, a la par, refrenar la intervención del aliado francés en apoyo a la República, evitar el alineamiento con la Unión Soviética y eludir el enfrentamiento con Italia y Alemania por su apoyo a Franco. Así lo había definido muy tempranamente el anciano primer ministro, Stanley Baldwin, en su única directriz política a su joven secretario del Foreign Office, Anthony Eden: «De ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país [léase: Italia o Alemania], debe meternos en la lucha al lado de los rusos». La llegada de Azcárate a Londres como embajador (tomó posesión de su cargo el 13 de septiembre de 1936) coincidió con la primera protesta del gobierno republicano ante su homólogo británico contra los dañinos efectos que el Acuerdo de No Intervención estaba causando a su esfuerzo bélico. El gabinete de Giral había aceptado a regañadientes las cláusulas de dicho acuerdo plegándose al requerimiento de las autoridades francesas y como supuesto mal menor para atajar el apoyo italogermano a los insurgentes. Sin embargo, desde principios de septiembre de 1936, en vista de su fracaso para lograr ese fin primordial, el nuevo gobierno frentepopulista presidido por Francisco Largo Caballero comenzó a exigir su anulación y la restitución de su derecho exclusivo a comprar armas en los mercados continentales. Pero la fuerza de su argumentación legal no lograría modificar la actitud oficial británica ya cristalizada. El funcionario encargado de los asuntos españoles en el Foreign Office reconoció en privado el 10 de septiembre: ... las consecuencias políticas de conceder al gobierno legal las facilidades que indudablemente le corresponden habrían sido demasiado graves para exponerse a ellas. Varios gobiernos de países pequeños han apreciado que «No Intervención», de hecho, significa denegar al gobierno legítimo los medios para combatir una rebelión. Corroborando ese juicio, sir George Mounsey, subsecretario adjunto encargado de Europa occidental, apuntó igualmente los motivos que habían dictado el desahucio del gobierno republicano y la preferencia furtiva por la victoria insurgente: Aunque es verdad que desde un punto de vista legal el gobierno español tiene razón, es innegable que, de hecho, si bien no en teoría, se trata de un gobierno que había dejado de gobernar desde mucho antes del inicio de esta rebelión. Lo único que hacían era ceder constantemente a las demandas extremistas de una clase obrera desenfrenada, y eran incapaces de mantener el orden a menos que satisficieran esas demandas. Además, no fue un estímulo para que las potencias civilizadas ayudasen al gobierno español el hecho de que este, cuando estalló la rebelión, procediese inmediatamente a armar a todos los obreros y chusma, incluyendo a jóvenes irresponsables, con las consecuencias que estamos viendo: brutalidades salvajes y contrarrepresalias. Azcárate pudo comprobar pronto las insuperables dificultades con que se enfrentaba en los ámbitos oficiales británicos. El 21 de septiembre tuvo su primer contacto formal de envergadura. En aquella ocasión, expuso ante lord Cranborne, subsecretario parlamentario del Foreign Office, los fines de su misión en Londres: ... eliminar los malentendidos con respecto al carácter del gobierno español y, si es posible, inducir al gobierno de Su Majestad a revocar su política de no intervención y ejercer su influencia contra los rebeldes. El juicio reservado anotado en el Foreign Office sobre esa declaración de intenciones refleja la honda desconfianza británica hacia la causa de la República y la naturaleza casi imposible del objetivo diplomático del embajador: El señor Azcárate pronto se dará cuenta de que no hay ninguna esperanza de que pueda inducir al gobierno de Su Majestad a revocar su política de no intervención para tomar partido por el gobierno español. El embajador reiteró infructuosamente sus argumentos ante el propio Anthony Eden, titular del Foreign Office, el 15 de octubre, en su primera entrevista oficial. Para entonces, la decisión soviética de apoyar militarmente a la República había acentuado las prevenciones británicas respecto a la naturaleza revolucionaria del bando gubernamental. De igual modo, había hecho más urgente para Londres la preservación del confinamiento del conflicto logrado por la no intervención, a fin de evitar todo alineamiento con la URSS, atajar cualquier posible enfrentamiento con Italia y Alemania, y posibilitar así la ejecución inalterada de la política de apaciguamiento en curso. Azcárate trató de apaciguar esos temores y modificar esa neutralidad incondicional. Durante los meses de octubre y noviembre de 1936 repitió en varias ocasiones a Eden y Cranborne que la República luchaba por preservar un régimen democrático sin veleidades revolucionarias ni dependencia de la URSS. También insistió en que el recurso de la República a la ayuda soviética era «su última carta» para evitar la inminente derrota militar y estaba motivado por la ausencia de apoyo directo anglo‑francés. Sir Robert Vansittart, subsecretario permanente del Foreign Office, anotaría la siguiente impresión sobre las reiteradas gestiones del embajador negando el carácter revolucionario de la causa republicana: Es inútil que el señor Azcárate recolecte información para desmentir la acusación de actividades de la Comintern en España antes de la insurrección. Las hubo en abundancia y a gran escala. Significativamente, los contactos del embajador con las autoridades británicas quedaron reducidos durante la guerra a aquellos cargos oficiales a los que tenía acceso potencial en virtud de su condición de legítimo representante diplomático acreditado. Azcárate señala en sus memorias que nunca tuvo oportunidad, ocasión o invitación para entrevistarse con el premier del Reino Unido: Ni con Stanley Baldwin, primer ministro durante los primeros meses de mi misión, ni con su sucesor, Neville Chamberlain (primer ministro desde mayo de 1937), tuve ninguna clase de contacto, ni relación oficial ni personal. El embajador también subraya que esa falta de relaciones no era privativa de los medios oficiales no estrictamente diplomáticos, sino que se extendió en gran medida por todo el ámbito político conservador británico. Al respecto, es ilustrativa una anécdota relatada en sus memorias y relativa a uno de los más prestigiosos parlamentarios y exministros del Partido Conservador, Winston Churchill: Un signo inequívoco de esto lo tuve en el incidente que se produjo a los pocos días de mi llegada a Londres, cuando, al final de uno de los innumerables banquetes a que tiene que asistir un embajador en Inglaterra, lord Cecil of Chelwood, a quien me unían lazos de respetuosa amistad creados en la Sociedad de Naciones, intentó presentarme a Winston Churchill; al oír que se trataba del embajador de España, rojo de ira y sin estrechar la mano que yo instintivamente le tendía, Churchill declaró que no quería tener relación alguna conmigo y se alejó murmurando entre dientes: «sangre, sangre...». Ambos hechos no pueden ser más reveladores de la deliberada voluntad oficial británica de marcar distancias con el representante de un gobierno sospechoso y perturbador. Así lo demuestra, por otra parte, la facilidad con la que paralelamente el duque de Alba logró acceso a las más altas instancias políticas y oficiales de Gran Bretaña, a pesar de su condición de representante informal de las autoridades insurgentes (estatuto oficializado en noviembre de 1937). Entre otros interlocutores de Alba en distintas reuniones privadas o fiestas sociales de la aristocracia cabe mencionar al propio rey Jorge VI, a Neville Chamberlain y a un amplio abanico de ministros, exministros, diputados y lores del mundo político y social del conservadurismo británico de la época.

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