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El régimen de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), que pone un precio a la contaminación de carbono generada por los actores económicos, lleva 20 años siendo el pilar fundamental de la política climática europea . En estas últimas semanas, el tema ha trascendido incluso del ámbito medioambiental para alcanzar al núcleo mismo del debate económico de la UE. No en vano, el Consejo Europeo de marzo incluyó al ETS en lo más alto de su agenda y lo identificó como uno de los elementos a considerar en la formación de unos precios de la energía disparados tras el estallido de la guerra de Irán. Ya antes de dicho Consejo, un grupo de gobiernos europeos, con Alemania e Italia a la cabeza, habían señalado al ETS como uno de los “culpables” de los altos precios de la electricidad en Europa. Acusación que se ha revelado, a la postre, bastante desproporcionada. Según declaró recientemente la propia Von der Leyen, los costes del carbono sólo pesan sobre la factura eléctrica europea un 11% de media . Eso sí, este porcentaje sube para los Estados miembros con sistemas energéticos más intensivos en emisiones, como Polonia (carbón) o Italia (gas). La presente crisis energética ha vuelto a evidenciar que el factor más determinante en dicha factura es el número de horas durante las que el gas determina el precio marginal de la electricidad de un país. En este sentido, el ETS ha demostrado ser, desde su introducción en 2005, una política climática eficaz a la hora de motivar a las empresas a transitar hacia modelos de negocio bajos en carbono. No obstante, para que el ETS pueda cumplir adecuadamente esta importante función incentivadora en pro de la descarbonización, es necesario que los precios del CO2 se sitúen a un nivel suficientemente alto. Y aquí hay que recordar que, en el sistema elegido por la UE, el precio del carbono se determina a través de la oferta y demanda de derechos de emisión. Los participantes en el mercado del carbono europeo compran estos derechos para cubrir las emisiones que generan en sus procesos de producción. Ahora bien, no es este un mercado totalmente libre . Las autoridades comunitarias pueden regular qué volumen de derechos de emisión hay en circulación en cada momento y emitir, con ello, una señal de precio al mercado. Señal de precio que, idealmente, debe tener un carácter predecible y estable. De hecho, según se vayan volviendo los objetivos climáticos más exigentes rumbo a la neutralidad climática en 2050 (con los hitos de 2030, 2035 y 2040 ya aprobados por la UE), el coste de contaminar no debería cesar de aumentar. Conforme se avance en el calendario previsto, la oferta de permisos de emisión va a ir disminuyendo y, fruto de esta escasez en el mercado, el precio del carbono se irá encareciendo consecuentemente. Esta trayectoria ascendente esperada del precio del CO2 permite al sector privado, y a los inversores en particular, planificar adecuadamente, y con cierta antelación, sus estrategias de descarbonización. No obstante, las aludidas críticas de ciertos líderes europeos de principios de año propiciaron una brusca caída del 24% en el precio del carbono a mediados de febrero e incluso levantaron dudas sobre la viabilidad misma del mercado de emisiones de la UE (el gobierno de Meloni llegó incluso a proponer su suspensión). El Consejo Europeo de marzo, sin embargo, refrendó al ETS como la piedra angular de la estrategia climática comunitaria, no sin advertir, al mismo tiempo, sobre el riesgo de la excesiva vulnerabilidad mostrada por aquel ante las declaraciones políticas. Bien es cierto que no es la primera vez en que se producen bajadas drásticas en el precio del CO2 que socavan la referida capacidad incentivadora del ETS. Este problema, que trae causa del excedente estructural de derechos de emisión que venía acumulando el mercado del carbono desde la crisis del 2008, se había hecho patente en determinadas coyunturas anteriores. Así, por ejemplo, a finales de la década anterior se produjo un intenso flujo de créditos de carbono internacionales hacia el mercado europeo, exceso de oferta que mantuvo el precio del CO2 en niveles excesivamente bajos durante más tiempo del conveniente. El Mecanismo de Reserva de Estabilidad (MSR, por sus siglas en inglés), que fue creado en 2018 y que ahora vuelve a ser invocado por los líderes europeos, ha tenido históricamente el propósito de contrarrestar las caídas drásticas del precio del carbono. Actúa de forma similar a cómo lo hacen las reservas de petróleo cuando se emplean para regular el precio del barril. Así, en caso de exceso de oferta, el MSR absorbe una cierta cantidad de derechos de emisión a través de una “cláusula de invalidación” , que entra en juego automáticamente si se sobrepasan determinados umbrales. A este respecto, es de lamentar que, entre las propuestas barajadas actualmente por la UE para revisar el MSR, esté ganando fuerza la de suprimir esta cláusula de estabilización automática. Por mucho que algunos nos la presenten como un mero “ajuste técnico”, en realidad esta supresión supondría despojar al régimen de emisiones europeo de una herramienta crucial. La función de contención de la oferta que desempeña la cláusula de invalidación es clave para robustecer el sistema ETS en momentos de debilidad, es decir, cuando éste no emite una señal de precio suficientemente fuerte. Además, resultaría paradójico que un MSR inicialmente concebido para impedir bajadas acusadas en el precio del carbono, ahora se quisiera convertir en lo contrario: un instrumento sobre todo centrado en amortiguar, bajo ciertas circunstancias, las subidas en dicho precio. Esta conversión repentina del MSR supondría una concesión sin matices a los intereses del sector de la industria pesada, que lleva meses ejerciendo una fuerte presión para que se alivien urgentemente sus costes de carbono. Se inscribiría en la estrategia general, que ha ganado cierta fuerza en el segundo mandarlo de Von der Leyen, de debilitar las políticas climáticas como medio de hacer ganar competitividad global a la industria europea. Es de esperar que la sacudida que está suponiendo la actual crisis energética lleve a invertir esta tendencia. El verdadero riesgo para la competitividad europea a largo plazo es el de la dependencia estructural de unos combustibles fósiles importados , con precios cada vez más volátiles e incontrolables desde la UE. Un mercado del carbono europeo robusto y predecible es esencial para garantizar una soberanía energética y una autonomía estratégica europea cada vez más basada en energías autóctonas y asequibles. ______________ José Luis Escario Díaz-Berrio es consultor en Energía y Clima y colaborador de la Fundación Alternativas.
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