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El choque de posturas entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la UTE formada por Acciona , Tecade y Freyssinet sobre la obligatoriedad de las empresas o no para continuar con las obras del puente del Centenario, a pesar de que las adjudicatarias hayan presentando una solicitud formal ante la Administración central para resolver el contrato, anticipa un nuevo escollo para el futuro de esta infraestructura clave para la movilidad de la capital de Andalucía. Es la conclusión que se puede extraer de las escasas explicaciones de públicas que ha ofrecido el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, quien fuera alcalde de Irún durante dos décadas, y la posición que ha presentado la unión de empresas que en 2021 se adjudicó por unos 86 millones de euros el proyecto de ampliación del tablero para pasar de cinco a seis carriles y sustitución de los 88 tirantes, que habían llegado al final de su vida útil. Por «discrepancias económicas y técnicas», principalmente las segundas, la UTE conformada por la multinacional Acciona, la sevillana Tecade y Freyssinet (filial del gigante francés Vinci) presentaron hace unos días una solicitud formal en el departamento de Óscar Puente para poner fin a la relación contractual entre ambas partes para llevar a cabo los trabajos en el puente del Centenario. Fuentes del sector de la construcción trasladaron el pasado miércoles a este periódico que la decisión de retirarse de la UTE tiene su razón de ser en los continuos cambios en el proyecto , como se demuestra con el segundo modificado planteado por el Gobierno, a propuesta de las ingenierías Fhecor e Ideam, que supondría un nuevo incremento de los costes de más de 17 millones. El propio Ejecutivo central hablaba ya el pasado mes de octubre, aunque sea de forma camuflada en una nota de prensa sobre los cortes del tráfico nocturno del viaducto, de que el proyecto ya estaba en unos 137 millones. Se partió de 86 millones de euros. A estos cambios incesantes de un proyecto que se diseñó con cuestiones inejecutables, según las constructoras, se añade que la suma de los dos modificados duplican el límite del 20 por ciento que marca la Ley de Contratación del Sector Público para el incremento sobre el presupuesto inicial. El primero fue de 19,02% y el segundo sumaba otro casi 20 por ciento. La ley recoge el derecho para cualquiera de las partes vinculadas a un contrato pedir la resolución del mismo si se supera el umbral del 20 por ciento. Pese a la decisión de las constructoras de resolver el contrato, éstas, como aseguran a este periódico las citadas fuentes, se comprometen a asegurar la infraestructura , así como a facilitar a la Administración (Ministerio) la información y el relevo ordenado en la ejecución de la obra. Si bien este compromiso dista mucho de la postura del propio departamento de Óscar Puente hecha pública por su secretario de Estado. El pasado jueves, Santano aseguraba en minuto y medio de declaración que la citada Ley de Contratación del Sector Público «obliga a la empresa contratista a terminar los trabajos que garanticen plenamente la seguridad de la obra». Y en el caso del puente del Centenario, el hombre del ministro Puente advirtió a la UTE que tiene que «terminar la estructura y el atirantado del puente », mientras el Ministerio, como es su obligación, trabaja «ya» en el expediente que permitirá adjudicar el lote de obra que queda pendiente con «la máxima rapidez posible». En sus palabras, el secretario de Estado minimizó las consecuencias de la decisión de la UTE en la única obra que el Gobierno ejecutaba en la capital en materia de movilidad y que es fundamental para el tráfico de una ciudad que soporta los retrasos en el desarrollo de la SE-40, la otra ronda de circunvalación que aliviaría la circulación de los sevillanos y conductores que tienen que cruzar el núcleo urbano para ir de una provincia a otra. Quince años han pasado desde el arranque de las obras. En palabras de Santano, este problema es « un asunto contractual , sin ninguna repercusión sobre la ciudadanía», que lleva un lustro soportando obras en el puente del Centenario, e insistía en que «la obra ni está parada, ni se va a parar y así lo garantizamos con rotundidad». Ayer, en declaraciones a la Ser, Santano, aseguraba que a la obra del viaducto sevillano le queda «menos de un 10%». Justo ahora, cuando esta infraestructura crucial en la movilidad de la capital de Andalucía vive su peor momento. Ni el ministro ni el delegado del Gobierno en Andalucía, ni por supuesto el presidente, han dicho una palabra para referirse a una noticia que perjudica a los sevillanos, que llevan un lustro soportante las obras del puente del Centenario. Ha tenido que salir el secretario de Estado. Este periódico se intentó el pasado miércoles, antes de publicar que la UTE había formalizado la solicitud de la resolución del contrato, contactar con el Ministerio de Óscar Puente con la misma suerte que en anteriores ocasiones. Pero a la vista de este dato de menos del diez por ciento y del último conocido, el publicado por ABC tras la respuesta del Gobierno a preguntas de los parlamentarios del PP en el Congreso, que señalaba a 23 de marzo un grado de ejecución del 82%, la obra ha registrado un acelerón en su desarrollo. Esto coincide con una situación de parón técnico desde hace meses de la obra, como confirman distintas fuentes del sector de la construcción y como puede apreciar cualquier sevillano al cruzar el viaducto. De otro lado, Santano, ante las dudas por el estado en el que queda el puente, ha afirmado que «la seguridad de la infraestructura está plenamente asegurada» pese a la rescisión del contrato por parte de la UTE. « La obra no se va a paralizar ni abandonar en ningún caso. Estamos en un ámbito estrictamente contractual. Una empresa puede no estar de acuerdo con un modificado y rescindir el contrato, pero todo lo demás se mantiene», ha argumentado. El secretario de Estado asegura que hay «plena garantía de seguridad del puente». «Se está insistiendo desde una posición frívola en que la seguridad está en peligro. La seguridad es absoluta y la garantizan los técnicos del Ministerio», ha señalado. En esta línea, ha remarcado: «Si no fuera así, el puente no estaría abierto al tráfico». Por último, insistía en que la empresa sigue trabajando y que « no se ha fijado una fecha concreta para su salida».
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