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El mercado inmobiliario español vive un clima de absoluta confusión. El anuncio de un posible real decreto ley de prórrogas extraordinarias de alquiler, que todavía no ha sido aprobado, ha provocado que muchos inquilinos soliciten extensiones de sus contratos de hasta dos años. Esta situación, basada en expectativas sin respaldo legal, está generando una creciente inseguridad jurídica y numerosos conflictos entre propietarios e inquilinos, según advierte Óscar Rodríguez, director de la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid. Según Rodríguez, la idea de una prórroga se ha extendido "a través de los medios, los políticos y la acción social", lo que ha llevado a que "al final todo el mundo, tenga derecho o no, se haya acogido". El problema es que el real decreto no concreta los requisitos legales, creando una gran incertidumbre en los propietarios, que ven cómo les cambian las reglas "a mitad de juego". El principal temor es que los inquilinos actúen de forma unilateral. Existe el miedo a que "muchos de los inquilinos se crean con derecho a que ese contrato se haya aprobado unilateralmente y, en consecuencia, pues actúen haciendo fuerza, fuerza en que algún caso pueda generarse como o a llegar a ser un okupa, y, por lo tanto, pues no paguen y actúen en un proceso judicial". Un proceso que, advierte, "tardará un año fácil en resolverse", colapsando aún más los juzgados. Esta situación amenaza con tensionar todavía más el mercado. La respuesta de muchos propietarios ante la inseguridad jurídica es la retirada de oferta de vivienda de alquiler de larga duración. En su lugar, se opta por el alquiler por habitación, el alquiler turístico o directamente la venta de la vivienda. Rodríguez subraya una paradoja: "A la larga, el perjudicado, lógicamente, es el inquilino", que se enfrentará a precios más altos y mayores exigencias. Además, si un inquilino es llevado a juicio y pierde, "lo que va a ocurrir es que va a aparecer en una lista de morosidad", lo que complicará enormemente su capacidad para encontrar una nueva vivienda en el futuro. Una consecuencia de la que, según el experto, muchos no son conscientes. La recomendación para los propietarios que reciban un burofax solicitando la prórroga es clara: "responder diciendo que, efectivamente, no corresponde esta situación, dado, pues, la no aprobación del real decreto, y, por lo tanto, las condiciones establecidas son las que marca el contrato y la ley, nada más". A partir de ahí, es probable que surjan conflictos que pueden acabar en los tribunales. Para Rodríguez, las medidas que adopta el Gobierno son "totalmente irresponsables" e "imprevisibles", y critica que se tomen "sin contar con la opinión del propietario, cuando deberían de ir de la mano".
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