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La reciente no convalidación del Real Decreto-ley 8/26, que permitía la prórroga de los contratos de alquiler hasta un máximo de dos años, ha generado un complejo escenario de incertidumbre jurídica. La norma, impulsada por el Gobierno, decayó al no obtener el respaldo parlamentario necesario, abriendo una serie de interrogantes para los arrendatarios y propietarios afectados. El principal problema, según explica el abogado Roberto Portilla, de Portilla Arnaiz Abogados, es que el real decreto estuvo en vigor durante un mes antes de ser anulado. Este lapso de vigencia ha permitido que algunos inquilinos solicitaran formalmente la prórroga, creando una situación que ahora queda en el aire. "Las normativas que imponen el gobierno [...] muchas veces terminan decayendo", señala Portilla sobre la complejidad derivada de las ajustadas mayorías parlamentarias. Aquellos arrendatarios que, amparándose en la norma vigente, comunicaron a su arrendador la solicitud de ampliación de prórroga extraordinaria, podrían tener derecho a que se les aplique. Portilla subraya que "podría apelar a que esa solicitud que hizo estaba en vigor, y de tal manera el contrato se prórrogase". Esta colisión de intereses anticipa un aumento de los conflictos legales. La anulación del decreto también tiene efectos sobre la actualización de la renta. La norma establecía un límite del 2% en la subida anual hasta el 31 de diciembre del 2017, una medida que ahora también queda sin efecto. Esto afecta a los propietarios que tenían previsto actualizar la renta conforme al IPC, que es superior, o según lo pactado en el contrato, añadiendo otro punto de fricción. Para los inquilinos que no ejercitaron su derecho a la prórroga durante el mes de vigencia del decreto, la oportunidad ha pasado. "Quienes no lo hayan hecho no pueden ejercitarlo por ese decaimiento", aclara Portilla. Para los que sí lo hicieron, el abogado recomienda como primera vía "que se negocie con los propietarios o con los inquilinos para intentar buscar un un nexo de unión". Sin embargo, el propio Portilla admite que el acuerdo puede ser complicado. "Aquellos que tengan posiciones muy entroncadas, difícil, por no decir imposible, van a poder llegar a algún punto de encuentro", advierte. Si la negociación fracasa, el siguiente paso parece inevitable: "Mucho me temo que probablemente se judicialice". Por tanto, los inquilinos que solicitaron la prórroga deben esperar una respuesta del arrendador y, si es negativa, "valorar jurídicamente los derechos" que les asisten. Es una situación donde es de "gran interés para el inquilino prorrogar el contrato, y probablemente también es de gran interés para el propietario resolver el contrato", concluye el experto, lo que anticipa una batalla en los tribunales.
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