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La llegada de un cachorro a casa es un momento lleno de ilusión para muchas familias. La idea de educar a un animal desde sus primeras semanas y forjar un vínculo especial es un deseo compartido por muchos. Sin embargo, esta emoción a menudo lleva a pasar por alto una fase crucial en la vida del animal: el tiempo que debe permanecer con su madre y hermanos. Existe una creencia popular, bastante extendida, que sugiere que un cachorro está listo para ser separado de su camada en cuanto abre los ojos o camina con cierta agilidad. Esta idea es un error que puede tener consecuencias negativas para la salud y el comportamiento del animal a largo plazo. Por ello, la Ley de Bienestar Animal vigente en España establece un marco claro para proteger a los más pequeños. Aunque la normativa sobre protección animal lleva ya tiempo en vigor, algunos de sus puntos más importantes siguen siendo desconocidos para una parte de la población. La Ley 7/2023, de 28 de marzo, es explícita en cuanto a la edad mínima para la entrega de ciertos animales de compañía. Su objetivo es asegurar que el cachorro complete una etapa fundamental de desarrollo físico y social. El artículo 58 de dicha ley recoge de forma literal que "no se permitirá la cesión de perros, gatos y hurones de menos de ocho semanas de edad". Esta prohibición se aplica a cualquier tipo de entrega, ya sea una adopción o una cesión gratuita entre particulares. El plazo de dos meses se considera esencial para que los cachorros refuercen su sistema inmunológico a través de la lactancia y adquieran habilidades sociales básicas interactuando con su camada. La ley no solo fija una edad mínima, sino que también introduce otros requisitos para garantizar que el proceso se realiza de forma responsable. Por ejemplo, prohíbe entregar animales que no estén correctamente identificados según la normativa vigente. Además, cualquier cesión gratuita debe formalizarse a través de un contrato que especifique esta condición. En el caso de las adopciones, la norma es todavía más estricta. Estas solo pueden llevarse a cabo en centros públicos de protección animal o a través de entidades registradas. El objetivo es evitar el comercio encubierto y garantizar que los animales proceden de un entorno seguro. De hecho, la ley subraya que "la adopción no será en ningún caso objeto de transacción comercial", aunque sí permite que se solicite una compensación para cubrir los gastos veterinarios básicos. El papel de las tiendas de animales también queda regulado. Pueden actuar como intermediarias y facilitar información, pero no pueden albergar a los animales de forma permanente ni cobrar por la adopción en sí misma. Para reforzar la protección del animal, la ley establece una serie de garantías previas a la entrega. Antes de ser adoptado, el cachorro debe haber recibido los tratamientos veterinarios necesarios, estar identificado y, en la mayoría de los casos, esterilizado o con un compromiso de esterilización en un plazo determinado. Asimismo, el nuevo titular tiene derecho a recibir toda la información disponible sobre el origen del animal, sus características, su estado de salud y un certificado veterinario que incluya pautas de cuidado. Con estas medidas, la legislación busca promover una tenencia responsable y consciente, recordando que incorporar una mascota al hogar es un compromiso a largo plazo que va más allá de un simple acto impulsivo.
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