ABC
El principio de libertad religiosa es uno de los fundamentos de la democracia occidental, concretado en su reconocimiento como derecho fundamental del ciudadano (artículo 16.1 de la Constitución Española) y como mandato al legislador en tanto contenido inherente a la libertad y la dignidad humana . El derecho del creyente a vivir su fe no es una concesión graciosa del Estado aconfesional, sino una condición de legitimidad de cualquier política pública sobre las confesiones religiosas reconocidas oficialmente. La neutralidad del Estado es compatible con la mención explícita que la Constitución de 1978 hace la Iglesia católica en la política de cooperación con las confesiones religiosas. Estas relaciones gozan de un marco normativo, los Acuerdos de 1979 entre el Reino de España y la Santa Sede, que reconocen la potestad de la Iglesia para «organizarse libremente» y garantizan su derecho a ejercer «su misión apostólica». Este es el punto de partida para comprender la conflictividad provocada por el Gobierno con la llamada 'resignificación' de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, situada en Cuelgamuros. Los problemas legales a los que se enfrenta el ministro Bolaños con su intervención de 'memoria democrática' son graves. La basílica fue constituida como templo dependiente de la comunidad benedictina que la dirige, y que solo tiene como jerarquía superior a la Santa Sede, no al arzobispo de Madrid. La estrategia del ministro Bolaños ha sido dar por hecho un acuerdo –inexistente– con la Iglesia y dar por suficiente su voluntarismo como base legal. Los recursos ya interpuestos ante los tribunales resolverán estas controversias jurídicas. El trasfondo real y grave de los planes de manipulación histórica del Gobierno a cuenta del Valle de los Caídos y, no hay que engañarse, contra la Iglesia es el de una vulneración de la libertad religiosa, desde el momento en que el Ejecutivo se propone alterar un conjunto destinado a la vivencia de la fe, que es algo más amplio, e igualmente sacro, que el espacio reservado a la oración y a la celebración de la misa. Es la libertad religiosa, como valor constitucional de la convivencia democrática, el verdadero objetivo y la víctima de los planes del Gobierno, que opera sobre la basílica con el mismo desahogo que si fuera una ruina romana o los restos de una fortaleza medieval. Esto explica que el proyecto seleccionado incluya el consabido 'centro de interpretación'. Tampoco es gratuito que un rasgo distintivo del proyecto sea una grieta, la cual, por mucho que la llamen 'reconciliación', bien podría ser la que rodee el muro de Sánchez. El Gobierno no es quién para cambiar el sentido religioso de un templo católico , más aún una vez que Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera fueran trasladados a otros cementerios. Si se trataba de 'resignificar' el templo, el objetivo se logró con estos traslados. Pero el Gobierno siempre ha aspirado a otra cosa: a concentrar en su proyecto contra la basílica del Valle de los Caídos todos los mensajes sectarios de su Ley de Memoria Democrática.
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