Faro de Vigo
El despliegue en masa de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE), las prestaciones por cese de los autónomos, los avales del ICO y las ayudas directas del Gobierno central y las comunidades a los sectores más afectados por las restricciones a la movilidad y el aforo blindaron el tejido productivo del país durante el zarpazo de la pandemia del coronavirus. Una economía en hibernación para mantener el músculo y aprovecharlo al máximo cuando la crisis sanitaria permitiera enfilar la normalidad. Como ocurrió. A pesar de que la batería de medidas no impidió una destrucción inédita de la ocupación en el arranque del estado de emergencia, sobre todo de puestos temporales –en solo 21 días a lo largo de marzo y abril de 2020 se perdieron tantas afiliaciones a la Seguridad Social, casi 890.000, como en los peores dos meses y medio de la gran recesión de 2008 por la quiebra de Lehman Brothers y el estallido de la burbuja inmobiliaria–, en 2021, todavía con la resaca del COVID-19, se alcanzó una media de 19.358.868 cotizantes, superando los 19.278.721 de 2019 e, incluso, el máximo histórico de los años de la locura del ladrillo.
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