La Jornada
Lo que acontece hoy en el sistema eléctrico nacional no es un ajuste técnico. Es una disputa de fondo. Lo que hoy ocurre en el sistema eléctrico mexicano es una reconfiguración del poder: quién decide, quién invierte, quién gana y, sobre todo, para qué sirve la red. El Estado vuelve al centro. No por nostalgia, sino porque la fragmentación mostró sus límites. La planeación recupera su carácter vinculante y el sistema deja de ser una suma de decisiones privadas dispersas. Se trata, otra vez, de conducción estratégica. Como en los orígenes de la Comisión Federal de Electricidad impulsada por Lázaro Cárdenas, pero en condiciones mucho más complejas. El dato es contundente: la electrificación ya no es un indicador más, es la vía de la descarbonización. Si hoy ronda poco más de 20 por ciento de los usos finales, tendrá que acercarse a 40 por ciento. No hay alternativa. Pero el problema no está sólo en generar más. El verdadero cuello de botella es la transmisión. Ahí se juega todo: la integración nacional, la entrada de renovables, la confiabilidad. Por eso el eje cambia. La red deja de ser infraestructura invisible y se vuelve territorio político. Transmisión y distribución como servicios públicos estratégicos, no como negocios marginales. Sin red fuerte, no hay transición energética posible. La generación también se reordena. El mercado no desaparece, pero pierde jerarquía. La conducción estatal fija condiciones: seguridad, confiabilidad, costo mínimo de largo plazo. Y aparece el dilema central: cómo combinar energías limpias, pero intermitentes, con fuentes firmes, pero contaminantes. No es retórica verde, es física del sistema. La innovación, entonces, deja de ser discurso. Redes inteligentes, almacenamiento, flexibilidad operativa. Pensar el sistema como sistema, no como archipiélago de centrales. Y junto a ello, innovación institucional: contratos de largo plazo, esquemas mixtos, reglas para hacer bancables los proyectos sin caer en rentismos. Pero hay algo más profundo. La política eléctrica empieza, por fin, a tocar la política industrial. Ya no sólo importar tecnología, sino reconstruir capacidades nacionales. Empleo, cadenas productivas, contenido interno. Y en el fondo, la cuestión decisiva: la justicia energética. Acceso universal, tarifas controladas, atención a los más vulnerables. La red como instrumento de cohesión social, no sólo de transporte de electrones. Incluso la generación distribuida entra en orden. No desaparece, pero deja de ser el centro. El sistema –no el individuo– es la referencia. El verdadero cambio, sin embargo, no está en los cables ni en las centrales. Está en los hábitos sociales….en los consensos sociales. En cómo usamos la energía. En la disputa entre soluciones colectivas y salidas individuales. Y aquí sobresale –a pesar de la demagogia– la electromovilidad masiva frente al espejismo del auto eléctrico privado. Sí, el reto no es técnico, aunque lo sea. Es político. Es histórico. Es decidir qué sistema eléctrico queremos y para qué país. Porque hoy, en perspectiva de larga duración –como diría Fernand Braudel– el sistema sigue siendo insuficiente, limitado, pobre. No frente a otros países, sino frente a lo que en nuestro México mismo puede llegar a ser. Ahí está la disputa. Y apenas comienza. Y se fortalece la responsabilidad estatal en la lucha contra la desigualdad y por la justicia energética. De veras.
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