ABC
La posibilidad extrema (o sospecha) de que en el CSIC hubiera funcionarios cobrando más de complemento de productividad que de sueldo llevó al sindicato USO (Unión Sindical Obrera) a pedir los datos sobre estas retribuciones. Un miembro del mencionado sindicato realizó una solicitud formal de acceso a información pública, en la que pedía la cuantía de las retribuciones variables, la periodicidad con la que se reciben y la cantidad percibida por cada perceptor. Es decir, lo que cobra cada empleado en concepto de productividad. La petición abarcaba cualquier centro, instituto o unidad administrativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el periodo desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. Para proteger los datos personales, el solicitante pidió que se le entregara «la información íntegra» y que, si fuera necesario, se establecieran «condiciones de confidencialidad». Sin embargo, aquella información nunca llegó a manos del sindicato, que decidió reclamarla ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Transparencia estimó la reclamación y no sólo ordenó entregar los datos al sindicato: también instó al Ministerio de Ciencia a remitir al propio organismo copia de la información enviada al reclamante, como control del cumplimiento. Pero el CSIC no acató . En su lugar, la Abogacía del Estado presentó un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 9 de mayo de 2024 del CTBG. Y fue más allá: solicitó una medida cautelar para suspender la resolución, alegando que su ejecución tendría un efecto irreversible. El argumento jurídico se basó en que se trata de un acto de «ejecución instantánea»: una vez entregada la información, no se puede «desentregar», incluso si una sentencia posterior diera la razón al ministerio. Después de esta información publicada por ABC el pasado mes de febrero, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso registró una pregunta al Gobierno donde se le interrogaba por el importe total destinado a estos complementos de 2020 a 2023, así como por el porcentaje total de la plantilla que los percibe. En abril, el Gobierno respondió a la pregunta del PP: en 2020, la cuantía total de estos complementos era 37.542.922 y en 2023, 47.265.286, como ha podido saber ABC. Es decir, en tres años se incrementó en casi un 26% (25,8%). Respecto al porcentaje de perceptores, este pasó del 97% en 2020 al 96% en 2023, sin embargo, este dato no resulta demasiado ilustrativo (en 2021 fue del 96% y en 2022 del 97%). De la respuesta del Ejecutivo se desprende que esos mismos complementos que Ciencia se niega a revelar se multiplicaron en tres años. Hay que señalar que el mayor aumento en los complementos se dio entre 2021 y 2022, coincidiendo en el tiempo con la llegada de Diana Morant al ministerio , quien dejó la alcaldía de Gandía en julio de 2021. En ese espacio temporal, el montante pasó de 37.270.871 a 44.031.481 euros. Por otra parte, en junio de 2022 es cuando se nombró presidenta del CSIC a Eloísa del Pino , por lo que el incremento de la cuantía hasta los 47.265.286 coincide con su primer año en el cargo. En cualquier caso, el dato central que solicitó el sindicato sigue siendo desconocido: cuánto cobra exactamente cada persona en productividad. El ministerio de Morant argumentó, en primer lugar, «que la pertenencia a un órgano de representación sindical no supone atribución de funciones sin límite», es decir, aludió a una supuesta falta de legitimidad por parte del solicitante. Después, mencionaron «el derecho a la protección de datos personales de los afectados», así como el riesgo de estigmatización de estos. El sindicato no pedía una estadística general ni un informe agregado. Lo que reclamaba era el detalle por empleado, una información que permitiría comprobar si los criterios de reparto de los complementos se aplican de manera homogénea o si existen desviaciones significativas entre centros, áreas o perfiles. En su reclamación ante el Consejo de Transparencia, USO insistió en que la negativa del CSIC vaciaba de contenido su labor sindical y convertía el control interno en una ficción. El conflicto, sin embargo, no se limita a la vía de transparencia. Según documentación a la que ha tenido acceso este diario, la Inspección de Trabajo también dio la razón al sindicato USO, reforzando la tesis de que existe un problema estructural en la forma en que se gestiona la información retributiva y en la falta de control efectivo. Aunque el expediente del CTBG se centra en el acceso a información pública, para el sindicato el fondo es más profundo: se trata de garantizar que el reparto de complementos no se convierta en una herramienta discrecional sin supervisión. La batalla judicial deja una pregunta incómoda en el aire: ¿por qué un organismo público recurre hasta el final para evitar entregar información retributiva que un órgano independiente de transparencia considera accesible?
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