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El juez José Luis Calama ha prorrogado por un mes el secreto del procedimiento penal en el que investiga, a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, si el rescate por valor de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra sirvió para blanquear fondos de una red internacional. Ese rescate fue acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021 y desde el primer momento estuvo rodeado de polémica y dudas sobre su legalidad. Una primera investigación penal fue archivada porque no se prorrogó a tiempo. En 2025, diversas peticiones de cooperación judicial procedentes de Francia y Suiza para investigar una trama internacional de blanqueo de capitales pusieron a Plus Ultra en el foco de la Fiscalía Anticorrupción, gracias a la cual el caso sobre el destino dado al rescate de esta aerolínea sigue activo en la Audiencia Nacional. Por la magnitud de la información obtenida tras las detenciones de algunos de los responsables de la trama –entre ellos, Julio Martínez Martínez, 'Julito', amigo y pagador de generosas facturas al expresidente Rodríguez Zapatero– la UDEF, unidad de la Policía Nacional especializada en delitos económicos, ha obtenido del juez Calama la prórroga del secreto sumarial. Los motivos parecen más que justificados, porque los agentes han detectado transferencias de fondos al extranjero y necesitan tiempo y reserva para investigarlas. Lo que el juez Calama ha visto en este caso queda reflejado en su auto de prórroga: una trama con ramificaciones internacionales, sociedades instrumentales e interpuestas y operaciones financieras muy complejas. Es un doble aviso, por un lado, de que hay mucha información ya en sus manos y otra que tendrá que llegar y, por otro, de que solo con el secreto se podrá acceder a esas pruebas. Se trata de un asunto con todos los perfiles de corrupción a gran escala, en el que se sospecha que los fondos públicos del rescate a Plus Ultra entraron en un circuito donde se mezclaron con fondos ilícitos para blanquearlos. En este punto de la historia, ya conocida, no es posible desvincular esta investigación de la extraña y sombría presencia del expresidente Rodríguez Zapatero en el ámbito de Julito Martínez. Las sociedades de Martínez cobraron de Plus Ultra 458.000 euros; y fueron 450.000 euros los que Julio Martínez pagó al expresidente Rodríguez Zapatero. Todos los implicados en la trama, residentes en España y uno extraditado, fueron detenidos por orden judicial y luego puestos en libertad con restricciones. Rodríguez Zapatero no ha sido llamado a declarar, siquiera como testigo, pese a tener a Julio Martínez como una fuente principal de ingresos por 'informes, algunos orales y de los que no hay prueba ninguna. Las explicaciones públicas de Rodríguez Zapatero han sido defensivas y no convincentes; su sentido de la responsabilidad ética es similar al de Pedro Sánchez con la responsabilidad política. Entre ambos forman un binomio que representa la deriva fangosa del sanchismo y la pérdida de la dignidad en el espacio público. Los tribunales de Justicia nunca juzgarán esas responsabilidades, que están basadas en reglas elementales de la democracia. Las mismas que el sanchismo ha ido demoliendo con su infestación en las instituciones. Como en la Fiscalía General.
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