Crear desigualdad

La semana pasada se vivió en el Congreso una jornada que retrata fielmente las prioridades de la derecha frente a las necesidades básicas del ciudadano de a pie. Junts, Vox y PP, las derechitas traidoras a su propio pueblo, tumban el decreto ley para prorrogar los contratos de alquiler, que era un escudo de emergencia ante la presión inmobiliaria. Se buscaba dar un respiro a quienes ven como sus contratos expiran sin alternativas a la vista ya que se mantenía el tope del 2 % en la actualización de alquileres. Pero ahora se deja a más de tres millones de personas con el culo al aire, enfrentándose a una incertidumbre total. Como no, el derecho a una vivienda digna se supedita al beneficio del propietario. Eligen los intereses del mercado antes que proteger a las personas. La actitud de Junts resulta especialmente llamativa para aquellos que esperaban un mayor apoyo, pero este partido teóricamente protege el negocio inmobiliario catalán bajo la excusa de la invasión de competencias. Siempre es válida cualquier excusa para ellos. Mientras, PP y Vox, juntos de la mano, contemplan cualquier intervención en el mercado como un ataque a la propiedad privada. El resultado es un país más vulnerable. Se ha activado una bomba de relojería que se traducirá en subidas de precio incontroladas a la hora de renovar los contratos de alquiler. Una vez más se demuestra que al apretar el botón la derecha siempre favorece el bolsillo de los más fuertes que casualmente también es el suyo. Prefieren el caos antes que permitir un avance. O lo que es lo mismo: un castigo directo a la clase trabajadora y a los jóvenes. Miles de contratos vencerán en venideras fechas. En lugares donde el alquiler consume casi toda una nómina, el impacto puede ser devastador aumentando la angustia y la desigualdad. En cualquier caso, para el Ejecutivo, la caída del decreto supone un revés relevante en su política de vivienda.

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