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El proyecto ha recibido el nombre de “Astrée”. Según la información de Mediapar t, la Dirección de Libertades Públicas y Asuntos Jurídicos ( DLPAJ ) y la Dirección de Transformación Digital ( DTNUM ), dependientes del Ministerio del Interior, están desarrollando una herramienta destinada a gestionar los contenciosos relacionados con los extranjeros mediante inteligencia artificial generativa (IA). “Se trata de un proyecto de inteligencia artificial de asistencia en la tramitación de solicitudes ”, se lee en un documento al que Mediapart ha tenido acceso, en el que se señala la “necesidad” de una herramienta de este tipo ante el aumento de reclamaciones, “centrándose en los contenciosos masivos fácilmente automatizables” . Una primera fase de desarrollo de la herramienta se centró inicialmente en las infracciones de tráfico. Los contenciosos relacionados con los extranjeros, que abarcan todos los procedimientos iniciados ante los tribunales para impugnar decisiones adoptadas por el Ministerio del Interior (por ejemplo, una medida de expulsión como una OQTF , obligación de abandonar el territorio francés, o la denegación de la expedición de un permiso de residencia), se identifica así como un contencioso masivo, con un aumento observado del 33 % en cuatro años ; representa, por tanto, el 91 % de los contenciosos del ministerio. En 2022, Gérald Darmanin , que entonces era ministro del Interior, se quejó de las diferentes vías de recurso ofrecidas a los extranjeros, considerando que era necesario reducir su número (mencionó doce procedimientos) y los plazos. Su deseo fue recogido en la ley de inmigración aprobada a finales de 2023, y posteriormente en un decreto y en una circular de julio de 2024, con el objetivo de simplificar este contencioso reduciendo a tres el número de procedimientos. Se han seleccionado tres prefecturas para la prueba piloto : la de Seine-Saint-Denis, donde hay más contenciosos, la de Bouches-du-Rhône, donde se ha puesto en marcha una iniciativa de “simplificación del itinerario del extranjero”, y la de Ille-et-Vilaine, “voluntaria” en este ámbito. Se han elegido otras dos prefecturas como opción: París y la Guayana, “debido a las particularidades de los territorios de ultramar”. Para el Ministerio del Interior, el objetivo es identificar las necesidades y responder a ellas con la IA, en particular en lo que respecta a los recursos relacionados con la expulsión (ya se trate de órdenes de salida del territorio o de retención administrativa), que son objeto de una “atención especial” tanto por su aumento como por una “voluntad política”. La fase de preparación para la implantación de esta nueva herramienta comenzó en el verano de 2025 y se prolongará a lo largo de 2026, antes de su aplicación efectiva a finales de 2026 o principios de 2027. “Los contenciosos masivos generan un importante flujo de solicitudes en los servicios jurídicos del Ministerio del Interior”, algunas de las cuales son “repetitivas y estereotipadas” y “pueden poner a los servicios en dificultades”, según se lee en un intercambio de correos electrónicos para justificar el futuro uso de la IA. “Los servicios ya no tienen tiempo para ver las cosas en perspectiva respecto a su actividad global y desarrollar una visión estratégica.” Astrée tiene como objetivo extraer datos personales y administrativos o proponer la redacción de un escrito de defensa, para descargar a los funcionarios de la prefectura y, en última instancia, facilitar la expulsión de los extranjeros. La herramienta podría integrarse así en diferentes fases de un procedimiento. Pero, ¿serán al menos informadas las diferentes partes implicadas, tribunales, abogados y usuarios extranjeros? “Se trata de cuestiones humanas que, a la larga, serán tratadas por la IA. Es un poco aterrador” , dice indignada una fuente del Ministerio del Interior. Esto plantea “cuestiones de orden democrático”: en lugar de reforzar el rigor del derecho y cambiar de paradigma en materia de inmigración, “se quiere imponer lo que se considera un avance técnico a la gente sin que esta tenga siquiera voz ni voto”, opina la misma fuente. “Existe la voluntad de demostrar que se está resolviendo el problema de los contenciosos masivos, pero esto, por el contrario, puede llegar a generar otros problemas”. Esta fuente, que afirma haber observado a los sucesivos ministros del Interior en su búsqueda de “cifras en detrimento del trato humano”, se pregunta por la pertinencia de “imponer OQTF de forma sistemática sin estudiar seriamente la solicitud de las personas” o de emitir OQTF por amenaza al orden público por motivos “más o menos ridículos”. Ante esta lacra que pone vidas en suspenso , ¿cómo sorprende que miles de OQTF sean impugnadas ante los tribunales? “Y aquí solo hablamos de los contenciosos relacionados con la expulsión”, señala, evocando un inevitable efecto boomerang y un “contencioso completamente desquiciado, tanto en número como en complejidad”. Por otra parte, subraya, la creciente complejidad del derecho, propiciada por las sucesivas leyes de inmigración, pero también por los decretos o las instrucciones ministeriales, “crea un caldo de cultivo propicio para el caos total”. “Algunas prefecturas cometen errores o no respetan la ley , bien porque ya no entienden nada de los procedimientos o porque se aprovechan para servir a una agenda política de extrema derecha”, lamenta, recordando que el exministro del Interior, Bruno Retailleau, había afirmado alto y claro que el Estado de derecho “no era intocable”. El uso de la IA es “preocupante”, opina un funcionario de la administración aconstrumbrado a este tipo de litigios, sobre todo si se “utiliza mal” o es “fuente de errores”. No obstante, matiza: si el escrito de contestación de una prefectura está mal redactado o contiene errores, “los magistrados y abogados se darán cuenta rápidamente y eso podrá servir en defensa del extranjero”. El riesgo es mayor si la IA se utiliza “en el momento de dictar medidas de expulsión o medidas de ejecución, como el arresto domiciliario o el internamiento, ya que esto tendrá consecuencias importantes para el extranjero”, advierte. Aunque esta fuente bien informada reconoce la problemática de un contencioso “masivo” y habla de agentes obligados a trabajar en “plazos muy ajustados”, el problema lo ve en otra parte: las medidas, adoptadas “en cadena”, son “quizás en parte infundadas o ilegales desde el principio , porque se aplica una política de cifras en cuanto a las medidas dictadas, y porque hay que tomarlas a toda costa incluso cuando la situación no lo permite”. Aun a riesgo de “depender por completo” de la justicia, con la esperanza de que esta censure lo que sea ilegal o resuelva situaciones de bloqueo relacionadas con la administración digital. Dicho esto, “Laurent Nuñez es más sensible a las cuestiones relacionadas con el derecho de residencia y las violaciones de derechos, lo cual es positivo”. Mediapart ya ha documentado cómo la digitalización de los trámites y los fallos que de ella se derivan , pero también la emisión indiscriminada de OQTF, obligan a los usuarios extranjeros a recurrir a la justicia . “Nos pasamos el tiempo presentando recursos”, se lamenta Laurent Charles, abogado especializado en derecho de extranjería en París. “Se han vuelto necesarios aunque solo sea para conseguir una cita en la prefectura”. El abogado describe un sistema que ya no se basa en la igualdad de acceso a los servicios públicos, sino en lógicas de “red” y de medios financieros, pues la justicia tiene un coste. “No sería de extrañar que las prefecturas utilizaran la IA para gestionar los recursos de los extranjeros, que se han disparado, porque, de lo contrario, el sistema no funciona”, explica, denunciando un círculo vicioso. “Como de costumbre, los extranjeros son conejillos de indias” , lamenta Stéphane Maugendre, presidente del Sindicato de Abogados de Francia. “El Estado se ha inventado totalmente la crisis. Sería la solución milagrosa ante un contencioso masivo, pero ¿por qué existe?”, se pregunta el jurista, subrayando que no hay suficiente personal en las prefecturas y que existe una sospecha generalizada hacia los extranjeros, “a quienes se les expiden permisos de un año o resguardos de seis meses”. Pone como ejemplo reciente el de una clienta que no conseguía renovar su permiso de residencia y que solo recibía respuestas automáticas, “quizás de la IA, por cierto”, a través de la Administración digital para extranjeros en Francia. “En cuanto se acudió al tribunal, su expediente pasó al servicio de contenciosos de la prefectura y por fin obtuvimos una respuesta”. Stéphane Maugendre ve en ello un peligro, sobre todo en un litigio tan “humano” : “Tratan a las personas extranjeras como expedientes en papel , lo están haciendo todo mal. A veces utilizo la IA y veo sus límites. Creo que eso multiplicará los recursos, porque habrá errores”. Los documentos de un expediente de recurso deben ser analizados por un ser humano, afirma. La IA nunca podrá “captar las pequeñas diferencias” de cada caso. En un número de la revista Plein droit de marzo de 2023, titulado " Étrangers mal jugés " (extranjeros mal juzgados), el Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes (Gisti) subraya hasta qué punto esta saturación de los tribunales es el «resultado de decisiones políticas» . El proyecto Astrée y la voluntad de utilizar la inteligencia artificial para responder a esta problemática demuestran que esta orientación no ha cambiado. Cada año, el Consejo de Estado da a conocer las cifras de la justicia administrativa correspondientes al año anterior. En ellas figura un desglose de los asuntos registrados por ámbito de contencioso. La proporción de los de extranjería , que abarca cuestiones relacionadas con los permisos y visados de residencia, los permisos de trabajo o las expulsiones, es cada vez mayor. En 2025, representaba el 55 % de los recursos interpuestos ante los tribunales administrativos de apelación y el 46 % de los recursos interpuestos ante los tribunales administrativos; muy por delante de los demás temas, que no superaban el 10 %. El número de asuntos juzgados por los tribunales administrativos se disparó un 11,3 % con respecto a 2024 , alcanzando los 283.136 asuntos. De ellos, 62.249 se juzgaron como “procedimiento de urgencia”. Muchos recursos se interponen precisamente con carácter de urgencia (porque de ello depende el curso de una vida) a raíz de una denegación denominada “implícita” de la prefectura respecto a la solicitud de un permiso de residencia o su renovación, o para impugnar una orden de salida del territorio, a menudo dictada paralelamente a una decisión de denegación tras una solicitud de permiso de residencia. Contactado por Mediapart , el Ministerio del Interior no ha respondido. Traducción de Miguel López
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