COPE
Ha transcurrido un año y medio desde la devastadora dana que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024, pero para los afectados, la tragedia continúa. La promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no les dejarían solos resuena ahora con amargura. Muchos propietarios que negociaron la cesión de sus terrenos arrasados a cambio de compensaciones han descubierto que el Estado pretende incluir más de 300 hectáreas en el mapa de zonas inundables sin ofrecer ninguna indemnización. Uno de los afectados, el ganadero José Francisco Ramírez, ha relatado su situación en 'Mediodía COPE'. Los afectados se enteraron de la situación de manera fortuita. José Francisco Ramírez, como miembro de la junta rectora del parque natural Chera-Sot de Chera, solicitó la comparecencia de un representante de la Confederación Hidrográfica del Júcar para conocer el estado de la reconstrucción. Según Ramírez, en esa reunión empezaron a ver que "no estaba la cosa muy clara", lo que les llevó a investigar a través del sindicato de Avasaja. La investigación destapó la intención del Gobierno de expropiar numerosas parcelas "por tapadilla habían sacado un Real Decreto, faltaba información y transparencia", en palabras del ganadero. Para su sorpresa, el plan no solo afectaba a los terrenos directamente arrasados por la riada, sino que también incluía parcelas que no habían sido ni afectadas. Esta situación es especialmente grave en zonas rurales donde la normativa urbanística es muy restrictiva. "A mí se me arrastró, se me llevó una nave. Yo para mi trabajo necesito un locadillo para meter mis cosas, no tenemos terreno donde hacerla, o sea, nos afecta muchísimo", lamenta Ramírez. El sentimiento de abandono es total entre los vecinos. "Yo no tengo esperanza de nada", confiesa José Francisco Ramírez, quien asegura que en su pueblo no se ha cumplido nada de lo prometido por Pedro Sánchez. "Aquí no queda ni el trato, aquí se está yendo todo el mundo, lo han dejado fatal", denuncia. Afirma que, aunque se anunciaron millones de euros en ayudas, el dinero no ha llegado y las pocas obras realizadas se han hecho mal. "Estamos desesperados", concluye. Ramírez distingue entre las administraciones. Mientras que la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Conselleria de Medio Ambiente "han colaborado mucho" y se han mostrado abiertas al diálogo, la actitud del Ministerio de Transición Ecológica ha sido de bloqueo total. Según el ganadero, tratar con el ministerio "es como pegarte con una pared de frente", describiendo una nula disposición a negociar o a encontrar soluciones. Ante esta situación, los afectados no se quedarán de brazos cruzados. José Francisco Ramírez ha confirmado que, con el apoyo del sindicato de Asaja, van a presentar alegaciones para que el plan se vuelva a estudiar. Además, deben reclamar otros daños colaterales: las máquinas que trabajaban en la zona han destrozado campos y caminos que no estaban afectados, y ahora los propietarios deben iniciar un nuevo proceso de reclamación "bancar por bancal" para que se reparen los desperfectos.
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