El Plural
La vivienda se ha convertido en uno de los problemas que más afectan y preocupan a la ciudadanía andaluza, situándose en el segundo puesto de preocupaciones (21,6%), solo por detrás de la Sanidad (21,8%), según el último barómetro elaborado por el Centro de Estudios Andaluces (Centra) en abril. El Gobierno de Moreno Bonilla tramitó en el Parlamento andaluz la Ley de Vivienda de Andalucía el pasado diciembre, una ley que, según la Administración andaluza, busca incrementar la oferta de VPO, reducir trámites burocráticos y fomentar la construcción, liberalizando suelo para dedicarlo a edificar vivienda. Sin embargo, el proyecto de ley también recibió numerosas críticas, siendo una de las más contundentes las provenientes del Sindicato de Inquilinas de Sevilla, que consideró que el análisis del Gobierno de Moreno sobre el problema de la vivienda en Andalucía parte de un diagnóstico "equivocado, cargado de ideología populista y hecho para los promotores y propietarios de clase media, ignorando a quienes tienen una necesidad real de intervención pública para acceder a la vivienda". Ley de Vivienda y Plan Vive La Ley aprobada por el PP, efectivamente, describe en su texto que uno de sus objetivos es "acelerar el aumento de la oferta de las viviendas protegidas". Para ello, contempla la creación de "áreas prioritarias, zonas donde hay mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que la administración concentrará sus recursos en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o rehabilitación". Además, el propio texto de la norma explicita que se apostará por la colaboración público privada. Uno de los puntos más polémicos, y a tener en cuenta para comprender el espíritu de la ley, son los precios que estas viviendas protegidas registrarán. Y no solo eso, sino con cuánto tiempo podrán liberalizarse en el mercado. Dependiendo de las promociones, las viviendas saldrán al mercado antes o después. En primer lugar, las que sean construidas con fondos de la UE, por ejemplo, tienen una protección que pueden llegar a los 70 años, aunque la más común oscila entre los 40 y 50 años. Es decir, tiempo al que no pueden salir al mercado y, por tanto, hacer negocio con ellas. Por otro lado, las promociones que entren dentro del Plan Vive, elaborado por la Junta de Andalucía para la década de 2020-2030, podrán venderse a precio de mercado una vez pase el tiempo estimado en dicho plan para poder liberalizarse. A saber: si son viviendas de régimen especial, podrán salir al mercado en 15 años. Sin son viviendas protegidas de régimen general, en 10 años. Y sin son viviendas protegidas de precio limitado, en 7 años. Ingreso El acceso está condicionado a que los ingresos de la unidad familiar (o de convivencia) no superen un número determinado de veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Los límites varían según el tipo de vivienda: Para las viviendas de Régimen Especial, que son las que pueden salir al mercado más...
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