ABC
En mi familia solo aparecemos cazadores en generaciones alternas, pasando el testigo de abuelos a nietos. Supongo que si se siguen cumpliendo las leyes de Mendel alguno de mis nietos heredará este rasgo que fue distintivo y generalizado en los albores de la humanidad; o quizás ya no, porque, al contrario que en la de los guisantes, en nuestra evolución intervienen de forma determinante los condicionantes culturales. La sociedad en la que vivimos no parece ser el mejor campo de cultivo para que este instinto ancestral prospere, en un tiempo en el que el debate social sobre la caza se polariza y, visto lo visto, el más apto en esta lucha por la supervivencia parece ser el urbanita medio, más abundante y, por lo tanto, con el apoyo político. La iniciativa del Ministerio de Juventud e Infancia de prohibir la asistencia de menores a cacerías viene a ahondar en esta herida. La argumentación es que existen cuestiones éticas y riesgos psicológicos que pueden afectar al desarrollo emocional de las criaturas, al verse expuestas a una actividad violenta, así como otros ligados a su seguridad física por la utilización de armas. Respecto a esto último, quienes mejor saben del riesgo potencial de jóvenes y mayores en una cacería son las compañías de seguros, empresas poco dadas a pillarse los dedos, las cuales ofrecen para la caza los seguros comparativamente más baratos (entre 13 y 60 euros al año), por ser estadísticamente menos peligrosa y gravosa para ellas que otras actividades como el fútbol, el baloncesto o el ciclismo (entre 90 y 200 euros). Por otro lado, la caza no es más violenta que la propia naturaleza. Que un niño lo vea y lo entienda explicándoselo con naturalidad es mejor a que piense que los filetes de pollo los trae la cigüeña retractilados de París. Además, si es la clase política la que debe aleccionar a los padres de familia sobre lo más ético en la educación de sus hijos, pues estamos apañados, entonces sí que nos extinguimos
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