"Cobramos 1.060 euros como funcionarios por estar en casa sin trabajar, hay compañeros que tienen una situación dramática, no nos dan garantía ninguna"

Más de 4.000 funcionarios del Cuerpo de Gestión Civil del Estado y de Gestión de Sistemas Informáticos llevan más de un año sin saber dónde van a ser destinados. Todos ellos aprobaron la oposición, pero continúan en un limbo administrativo, cobrando un sueldo reducido mientras esperan en casa sin poder trabajar ni organizar sus vidas. La situación afecta a unos 2.600 opositores del cuerpo de gestión y a 995 de sistemas informáticos. Uno de los afectados, que prefiere mantener el anonimato, precisa que, aunque llevan un año esperando el destino, cobran como funcionarios en práctica desde finales de febrero de este año. El sueldo, de 1.060 euros, es poco más de la mitad de lo que les corresponderá cuando se incorporen a su puesto, una cifra que contrasta con las previsiones de subida salarial para los empleados públicos. El salario de los funcionarios subirá un 11,4% hasta 2028. La principal queja de los afectados es la falta de comunicación por parte de la administración. "La verdad que ahora mismo la situación es de una falta de transparencia total, no tenemos información de ningún tipo", lamenta uno de los funcionarios. Han intentado obtener respuestas por todas las vías posibles, sin éxito. Hemos mandado y hemos llamado directamente a Función Pública, hemos presentado escritos por registro, no tenemos absolutamente ningún tipo de información", explica. La misma falta de respuestas la han encontrado en los sindicatos mayoritarios como Comisiones Obreras, UGT y CSIF. "Todas nos contestan lo mismo, que no tienen información de ningún tipo y que no saben absolutamente nada, es decir, nos tienen ahora mismo en un absoluto y completo limbo". Esta incertidumbre tiene un impacto directo y dramático en la vida de miles de familias. La imposibilidad de planificar el futuro les impide tomar decisiones tan básicas como alquilar una vivienda o solicitar una hipoteca. "Hay compañeras que no pueden renovar sus contratos de alquiler, porque tienen un contrato, en este caso, pues bueno, como funcionario en práctica, y es muy difícil obtener cualquier tipo de garantía o de aval", denuncian. Con un sueldo de 1.060 euros y la inflación actual, la situación se vuelve "un poco complicada", más si cabe en familias donde este es el único ingreso. Esta parálisis contrasta con otras medidas que sí se aplican, como la reducción de la jornada a 35 horas para 200.000 funcionarios. La frustración es mayúscula, ya que lo único que piden es poder trabajar. La espera ha llevado a una situación límite en la que sienten que tienen sus vidas "completamente paralizadas". El sentimiento es de desamparo tras el enorme esfuerzo y sacrificio que supuso superar el proceso de oposición, una carrera de fondo en la que cualquier ayuda, como el complemento de maternidad para pensionistas, es clave para muchos aspirantes. Aunque no se han organizado de manera formal, sí han tomado acciones individuales. En agosto del año pasado, cuando se pospuso sin justificación un curso obligatorio de octubre a febrero de 2026, presentaron escritos ante Función Pública, la Dirección General y el Defensor del Pueblo. A día de hoy, siguen sin recibir contestación ni "ningún tipo de nota informativa donde, por lo menos, se vislumbre algún tipo de fecha aproximada".

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