COPE
El Pacto de Doñana se encuentra en un “estado inmejorable” tras la presentación de 1.207 hectáreas para acogerse a las ayudas, superando las 1.200 previstas inicialmente. Según fuentes del sector, toda la documentación ha sido adjuntada y solo se está a la espera de que la administración emita las resoluciones, un paso clave para que los agricultores obtengan la “garantía suficiente” para seguir adelante. A pesar del optimismo, la principal demanda del sector es una ampliación en el presupuesto. Con los fondos actuales, se estima que solo podrán acogerse a las ayudas unas 400 hectáreas, dejando fuera a 800 que tendrán que esperar a la siguiente convocatoria. Para “resolver el problema de una vez por todas”, los agricultores consideran imprescindible que se duplique la partida presupuestaria. El objetivo es claro: “eliminar estas hectáreas que son las problemáticas y podemos desarrollar nuestra agricultura con plena garantía”. Además, se calcula que podría haber unas 500 hectáreas más cuyos propietarios no han solicitado las ayudas este año por dudas sobre la catalogación de sus tierras o por tenerlas sembradas. Aunque la mayor parte de los pozos ya están “cerrados o clausurados”, todavía persisten tensiones relacionadas con el cierre de pozos y la clasificación de las tierras. Algunas fincas siguen reclamando por estar mal clasificadas. También generan malestar posibles sanciones derivadas de visitas realizadas entre 2020 y 2021, aunque se cree que no hay expedientes nuevos. Desde el sector se critica que la fiscalía actúe “por otro lado” en lugar de esperar a la resolución del conflicto. Consideran que el plan original “ha estado muy mal desarrollado, se ha desarrollado con fotografías aéreas, algo impensable”. En este sentido, afirman que se trata de “un problema que ha generado la administración, que no hemos generado nosotros”. Con la eliminación de estas 1.200 hectáreas, se espera cerrar la mayor parte de un problema que, insisten, fue mal aplicado desde el principio. Una vez se obtengan las resoluciones, el agricultor tendrá la seguridad jurídica necesaria para “acudir a un banco, para poder desmontar y para poder hacer muchas cosas”.
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