Cope Zaragoza
El sector de la educación infantil de 0 a 3 años afronta una semana crítica con la convocatoria de dos jornadas de huelga que, aunque con objetivos diferentes, comparten un diagnóstico común: la precariedad, los bajos salarios y la desigualdad que marcan el día a día de sus trabajadoras. La primera de las movilizaciones tendrá lugar este mismo jueves a nivel estatal, mientras que la segunda, centrada en la problemática andaluza, está programada para el próximo lunes. En Córdoba, la protesta del jueves se visibilizará con una concentración a las 11:00 horas en la delegación de Desarrollo Educativo. Las dos huelgas responden a problemas enquistados en distintos niveles de la administración. Según explica José Luis Victorio, presidente de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía, es fundamental "diferenciar bien una de la otra". La del jueves, de ámbito nacional, se centra en la mejora de las condiciones laborales, mientras que la del lunes, de carácter autonómico, pone el foco en la supervivencia económica de los centros ante la política de financiación de la Junta de Andalucía. Esta última, de hecho, está apoyada por las propias patronales, a diferencia de la estatal. La huelga estatal del jueves tiene como principal reivindicación la modificación de los requisitos mínimos que regulan el sector. Las trabajadoras exigen una bajada de la ratio, es decir, del número máximo de alumnos por aula, y un aumento de personal para garantizar que haya dos técnicos o maestras en cada clase. Actualmente, las ratios máximas son de 8 bebés en el primer año, 13 niños para el aula de un año y hasta 20 alumnos en la de dos años. La petición busca mejorar la calidad educativa y reducir la carga de trabajo de una plantilla sobrepasada. Sin embargo, estas demandas chocan frontalmente con la realidad que viven los centros en Andalucía. La huelga del lunes, convocada por otro sindicato y apoyada por la patronal, se debe a la congelación del precio por plaza que la administración andaluza paga a las escuelas. Victorio denuncia que este precio está congelado desde 2020, lo que, sumado al aumento del IPC y de los costes salariales, ha creado una situación de infrafinanciación insostenible. "No podemos asumir ni la realidad que tenemos actual", advierte el presidente de la patronal. El nudo del conflicto reside en la contradicción entre ambas protestas. Desde la patronal andaluza se considera que aplicar las mejoras que se piden a nivel estatal sería un "gran desastre" en las condiciones actuales. "Si llegase ahora un requisito de mínimo a nivel estatal ya sería caótico, porque ya sí que no podríamos asumir", sentencia Victorio. La razón es puramente económica: si la Junta de Andalucía, que ha asumido la gratuidad total del ciclo, no paga "lo coherente", los centros no pueden ni siquiera mantener al técnico actual por aula. La falta de financiación está teniendo ya consecuencias directas. José Luis Victorio alerta de que, con la situación actual, ya "están cerrando escuelas en Andalucía". La idea de tener que doblar la plantilla para cumplir con las exigencias estatales sin un aumento previo del precio por plaza es, para el sector, una quimera. "Pensemos si encima tenemos que doblar la plantilla", reflexiona Victorio, quien aclara que no se oponen a que el personal tenga mejores condiciones, pero insiste en que para ello "habría que cambiar toda la base". La solución, según la patronal, pasa por una implicación real de las administraciones. A nivel autonómico, reclaman una subida del precio por plaza y una financiación a tiempo para hacer frente a la gratuidad de 1 y 2 años que comienza el próximo curso. A nivel estatal, exigen al Ministerio de Educación que asuma su responsabilidad. "No puede haber 17 normas diferentes", critica Victorio, que pide al ministerio que establezca unos requisitos básicos que incluyan la financiación necesaria para soportarlos. La demanda estatal de doblar la plantilla y reducir niños implicaría una reducción de ingresos para los centros andaluces, que cobran por plaza ocupada. "Menos niños, menos cobramos, menos podemos soportar el gasto", resume Victorio. Esta situación ha generado un profundo malestar con la clase política. "Escuchamos mucho a los políticos todo el día hablar de la importancia del 0-3, pero a la hora de poner dinero encima de la mesa, parece que le cuesta a todo el mundo bastante trabajo", lamenta. Esta dualidad de problemas anticipa un seguimiento desigual de las huelgas. En una provincia como Córdoba, con alrededor de 200 centros infantiles, se espera que la huelga del jueves tenga un seguimiento menor. La razón, según Victorio, es que la problemática andaluza con el precio congelado es más urgente y tangible. En cambio, la del lunes se prevé más secundada, ya que "lo que está en peligro ya es el puesto escolar como tal". El temor al cierre es el principal motor de la movilización andaluza. Victorio explica que, al ser empresas pequeñas, las trabajadoras conocen de primera mano la precariedad y las dificultades de las directoras para mantener los centros a flote. Por ello, se espera que el paro del lunes, centrado en la supervivencia económica, tenga un impacto mucho mayor en la comunidad, uniendo a trabajadoras y empleadores contra lo que consideran un abandono por parte de la administración.
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