Cope Zaragoza
La Policía Nacional continúa con la búsqueda de la niña de 5 años que la pasada semana fue sustraída por su familia biológica tras agredir a una educadora en un punto de encuentro familiar en Oviedo. La menor, tutelada por el Principado, vivía con una familia de acogida desde hacía dieciocho meses y mantenía un régimen de visitas periódicas con sus progenitores en estas instalaciones especializadas. El suceso ha puesto sobre la mesa el debate sobre el funcionamiento y la seguridad de estos centros. Para entender su naturaleza, Élida Vázquez, delegada de CSIF en la consejería de Derechos Sociales, ha explicado en COPE Asturias los detalles de estos servicios. El Centro Nacional del Personas Desaparecidas (CNDES) ha difundido una alerta para ayudar a la localización de la pequeña. Los puntos de encuentro familiar son "unidades que están gestionadas generalmente por entidades privadas, colaboradoras de la administración", según explica Vázquez. Dependen de la consejería de Derechos Sociales en materia de protección de menores o de las entidades judiciales. Su objetivo es "favorecer los contactos de las familias con los menores" en casos de custodias complicadas o retiradas de tutela, facilitando tanto las visitas como el intercambio de los niños. Estos servicios se crearon precisamente para "evitar esas tensiones" que pueden surgir en contextos familiares conflictivos. "Si entre un padre y una madre hay conflicto, precisamente se hace ese intercambio de la visita del menor, para que no haya contacto siquiera entre ambos", detalla la experta. En los procesos donde interviene la administración, se mantiene el contacto del menor con la familia biológica hasta que finaliza el proceso, siempre con la "necesaria supervisión" de un profesional. Vázquez aclara que la vigilancia en estos centros la realizan educadores sociales, y no vigilantes de seguridad. El motivo es que el trabajo consiste en una "supervisión de las conversaciones y de que sean favorables para el menor". De hecho, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, calificó lo ocurrido de "completamente inesperado", ya que no existían motivos para suspender los encuentros. La prioridad es siempre la seguridad del niño. "No se permite contacto si hay una sospecha de peligro para el menor, si hay situaciones de abuso, de riesgo o de maltrato, se suspenden las visitas", afirma con rotundidad la delegada de CSIF. Por ello, considera que lo sucedido con Miranda es un caso anecdótico. Aunque se califique como un hecho aislado, no es la primera vez que ocurre. Vázquez admite que, aunque no es frecuente, "sí ha pasado en más de una ocasión". Esto se debe a que uno de los principios de protección del menor es "garantizar que el niño tiene derecho a a mantener el contacto con su familia de origen", lo que puede generar situaciones de riesgo. En algunos de estos casos, la sustracción ha venido acompañada de una "agresión a al equipo educativo", lo que plantea la cuestión de si es una profesión de riesgo. Vázquez responde que, aunque "no debería serlo", la realidad es que los educadores cuentan con un "complemento de peligrosidad" en su salario que reconoce esta exposición. Mientras tanto, la búsqueda de la menor continúa activa, siguiendo el protocolo marcado por el Ministerio del Interior para estos casos. Por el momento, según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, no hay novedades sobre el paradero de la niña.
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