Noroeste
El Gobierno federal nunca tuvo sospechas ni indicios de presuntos nexos con el crimen organizado contra el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni contra otros funcionarios estatales, aseguró Omar García Harfuch. Añadió que, desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se han realizado operativos y detenciones en Sinaloa tras la crisis de violencia por la pugna interna del Cártel de Sinaloa. En ese sentido, afirmó que en estas acciones nunca hubo obstrucciones por parte de funcionarios del Gobierno estatal. “Por supuesto que nosotros no teníamos ningún indicio... nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Gobierno del Estado para continuar o realizar las operaciones”, afirmó. El pasado miércoles 29 de abril, autoridades de Estados Unidos, encabezadas por el fiscal Jay Clayton y la DEA, presentaron una acusación formal contra Rocha Moya y una decena de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos delitos de narcotráfico y armas. Entre los señalados se encuentran el Senador Enrique Inzunza Cázarez; el ex secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega; el Vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. También figuran ex mandos de seguridad como Gerardo Mérida Sánchez; Marco Antonio Almanza Avilés; Alberto Jorge Contreras Núñez; José Antonio Dionisio Hipólito; y Juan Valenzuela Millán. De acuerdo con la acusación, los implicados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”, para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de protección y sobornos. Las autoridades estadounidenses sostienen que estos vínculos permitieron al grupo criminal operar con mayor libertad, así como infiltrar corporaciones de seguridad y estructuras gubernamentales. El 1 de mayo, la Fiscalía General de la República informó que la solicitud de detención provisional presentada por Estados Unidos no cuenta con pruebas suficientes, por lo que pidió el envío de evidencia adicional antes de determinar cualquier acción legal. Tras esta declaración, ese mismo día pero cerca de las 22:00 horas, Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo para facilitar las investigaciones, misma que fue aprobada por el Congreso local en sesión extraordinaria del día siguiente, dejando al frente como Gobernadora interina a Yeraldine Bonilla Valverde, quien se desempeñaba como Secretaria General de Gobierno.
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