ABC
Este lunes, a las puertas de los juzgados de Bilbao, las exmonjas de Belorado volvían a esgrimir un argumento que han convertido en estribillo: «hay una mano negra» detrás de sus citaciones judiciales. Era la tercera vez que comparecían en apenas unas semanas por el presunto maltrato a las religiosas mayores que fueron rescatadas por la Guardia Civil. Sin embargo, más allá de la narrativa de persecución, lo cierto es que la sucesión de causas responde a una realidad bastante más prosaica. Desde que comenzó el cisma, son tantas las ocasiones en que han bordeado –cuando no traspasado– la legalidad, que los frentes judiciales se les acumulan hasta dar la impresión de que tienen uno nuevo cada día. El último episodio de esta serie, que a estas alturas merece sin complejos la etiqueta de «saga», gira en torno a algo tan poco épico como los vehículos del monasterio. Según la nota difundida por las propias exreligiosas, el Juzgado de Briviesca ha abierto diligencias para aclarar la «gestión, uso y disponibilidad» de los coches que empleaban en su vida cotidiana, para las que este martes han acudido a declarar los representantes legales de las exreligiosas, tras la denuncia del comisario pontificio. Una cuestión que, en apariencia menor, vuelve a poner sobre la mesa el núcleo del conflicto desde que anunciaron su ruptura con la Iglesia: dilucidar quién ostenta la autoridad legítima sobre los monasterios y sus bienes , una vez que ellas fueron excomulgadas y expulsadas de la vida religiosa. En su nota, las exmonjas sostienen que «en todos los conventos, el uso de coches y furgonetas resulta esencial para garantizar el correcto funcionamiento de la vida comunitaria». Añaden que los vehículos «son indispensables para tareas logísticas básicas, como la realización de compras, gestiones, o el traslado de las religiosas a centros de salud y otras citas necesarias». Como ellas mismas detallan, en el momento del cisma, el monasterio de Belorado disponía de cinco vehículos, de los cuales tres estaban operativos. Dos de ellos, unos Nissan Qashqai, no eran de su propiedad, sino que estaban en régimen de renting. Según su versión, uno de estos coches de renting fue devuelto a requerimiento de la empresa y otro permaneció en el convento, junto a una Fiat Doblò averiada. Otro, y otro, que identifican como un Mercedes y que fue donado a las «víctimas de la dana como gesto solidario», según afirman. Pese a que en ese momento sobre el vehículo ya pesaba la reclamación del comisario pontificio, las exreligiosas consideran «cuestionable que esta actuación haya sido objeto de reproche, entendiendo que la ayuda a personas afectadas por una tragedia debería ser un principio compartido». Añaden, además, que el comisario pontificio, el arzobispo de Burgos Mario Iceta, tenía conocimiento de esta situación y que, durante un tiempo, asumió gastos como los seguros o el combustible. Sin embargo, pese a sus argumentos, el relato comienza a presentar grietas cuando se contrasta con la realidad y las puntualizaciones hechas desde la oficina del comisario pontificio. Para empezar, las propias exreligiosas admiten que «todos los vehículos fueron finalmente entregados junto con el monasterio el pasado 12 de marzo», el día en que se hizo efectivo el desahucio, lo que supone un reconocimiento implícito de que hasta esa fecha había estado utilizando unos coches que no les pertenecía. En ese sentido, desde la ofician del comisario pontificio explican a ABC que «los vehículos son propiedad del monasterio», no de quienes circunstancialmente lo habitan. Y que, por tanto, cuando cambia la representación legal –como ocurrió al nombrar la Santa Sede un comisario pontificio– «la nueva administración tiene la potestad de decidir qué se hace con los vehículos». También difiere la cronología. Mientras las exmonjas sugieren que la intervención llegó de forma tardía, desde la otra parte se subraya que fue la denuncia del comisario la que motivó, posteriormente, la reclamación de los vehículos por parte de la empresa de renting. Recuerdan además que han pagado los seguros «porque es obligación del titular de los vehículos, independientemente de que se los hayan robado o, como en este caso, se estén usando fraudulentamente». A ello se suma un detalle anecdótico pero revelador del estado de confusión, o de relato interesado, en el que las exreligiosas pretenden envolver el caso. Las exclarisas afirman que el coche que ofrecieron para las víctimas de la dana es un «Mercedes con 27 años de antigüedad, donado a la comunidad hace más de una década», pero en realidad se trata de un Audi matriculado en abril de 2002. Todavía circula por internet el vídeo en que la entonces conocida como sor Myryam y su madre le hacen entrega del coche al mediático mecánico Ángel Gaitán. Dicen llegar desde Belorado y Alcira (Valencia) –el pueblo natal de la exreligiosa– y haberle llevado dulces de las clarisas. En el vídeo dicen que quieren ayudar y que ya no necesitan el coche porque lo usaba una trabajadora, que ya no está. En realidad, según ha podido saber ABC, era el vehículo que usaba la cuidadora de las monjas mayores que estuvo de baja y dejó de acudir al monasterio. Un detalle que olvidaron entonces, como ahora olvidan la marca real y la antigüedad. Más allá de la cuestión concreta de los coches, el episodio vuelve a poner de manifiesto un patrón que se repite desde el inicio del cisma, la tendencia a presentar cada actuación judicial como un ataque externo , sin asumir que muchas de esas actuaciones tienen su origen en decisiones propias. Desde la gestión ineficaz de los bienes hasta el traslado con nocturnidad de las religiosas mayores, pasando por la resistencia a las resoluciones eclesiásticas y civiles, hasta la constante actitud de pretender que sea la ley la que se adapte a sus decisiones y no al revés, han tensado los límites de tal forma que han derivado en múltiples procedimientos firmes. Quizá tendrían que buscar más cerca de ellas mismas el origen de esa «mano negra».
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