El Plural
El Partido Popular de Cuenca ha dado un paso formal para frenar la posible declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado, una herramienta prevista en la Ley de Vivienda para actuar allí donde el acceso a una casa se ha complicado por el encarecimiento del alquiler o por el esfuerzo económico que deben asumir las familias. La decisión de los populares sitúa de nuevo al PP frente a una medida que, precisamente, busca que los vecinos paguen menos alquiler o, al menos, que no sigan soportando subidas desproporcionadas en un mercado cada vez más difícil para jóvenes, familias trabajadoras y hogares con rentas medias. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha formalizado sus alegaciones contra el expediente abierto para estudiar esa declaración. El concejal Juan Guadalajara ha defendido la oposición de su formación al considerar que la medida carece de sustento técnico y legal suficiente y que se basa en un informe con "graves deficiencias metodológicas". Según ha trasladado el PP en una nota de prensa, el edil ha sostenido que el propio documento municipal reconoce limitaciones importantes, entre ellas la ausencia de datos oficiales sobre el valor de las hipotecas desglosadas por distritos en Cuenca. La crítica del PP se centra en la metodología, pero el fondo político de sus alegaciones va más allá. Declarar Cuenca como zona tensionada no es una etiqueta simbólica, sino una vía para aplicar medidas concretas sobre el mercado del alquiler. La Ley de Vivienda establece que estas zonas pueden declararse cuando existe un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda asequible para la población residente y exige analizar indicadores como la evolución de los precios, los ingresos de los hogares y el esfuerzo económico que supone acceder a una vivienda digna. En la práctica, declarar una zona tensionada puede implicar límites a los nuevos contratos de alquiler, especialmente cuando se trata de grandes tenedores. La norma prevé que, en estos ámbitos, la renta de los nuevos contratos no pueda superar determinados límites vinculados al contrato anterior y, en el caso de grandes propietarios o viviendas que no hubieran estado alquiladas como residencia habitual en los últimos cinco años, se aplique el sistema de índices de precios de referencia. Es decir, la declaración permitiría introducir controles para evitar que el mercado siga funcionando únicamente al ritmo que marcan quienes tienen más capacidad para fijar precios. El PP se opone a contener los alquileres A eso se opone claramente el PP conquense. Los populares rechazan una figura que no solo serviría para contener los alquileres, sino también para exigir más transparencia a los grandes tenedores. La ley permite que las administraciones competentes reclamen a estos propietarios información sobre el uso y destino de las viviendas que poseen en zonas tensionadas, con el objetivo de detectar situaciones de retención, desocupación o falta de oferta que puedan agravar el problema residencial. El argumento de los populares es conocido. Guadalajara ha advertido de que los límites al alquiler generarían inseguridad jurídica y...
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