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El campo de Huelva clama antes de las elecciones: más que ecológico, pide ser rentable
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El campo de Huelva clama antes de las elecciones: más que ecológico, pide ser rentable

En vísperas de las elecciones autonómicas en Andalucía, el sector agrícola de Huelva, que da empleo a más de 100.000 personas cada año, ha alzado la voz para reclamar un cambio de rumbo en las políticas agrarias. Los agricultores y ganaderos de la provincia sostienen que, más allá de las crecientes exigencias ecologistas, la prioridad debe ser garantizar que el campo sea productivo, sostenible y, sobre todo, rentable. Félix Sanz, secretario general de Asaja Huelva, ha subrayado que el sector no busca simplemente subvenciones. “No estamos pidiendo ayuda, no estamos pidiendo que nos den dinero, eso no es algo que sirva a la producción”, ha afirmado. Lo que reclaman son leyes que protejan a los agricultores y que todas las políticas se orienten a que el sector sea viable. San advierte sobre el riesgo de un “ecologismo a ultranza” que puede poner en jaque la viabilidad de las explotaciones. “Si todas estas medidas [...] va a hacer que las fincas no sean productivas, pues simplemente van a desaparecer”, ha sentenciado, pidiendo un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la económica. La frustración en el campo onubense se ve agravada por el retraso en la llegada de las ayudas prometidas. Tanto las compensaciones por las borrascas, aprobadas por la Junta de Andalucía con importes de entre 5.000 y 25.000 euros, como las del Gobierno central, siguen siendo “de momento promesas”, según San, ya que el dinero aún no ha llegado a las cuentas de los agricultores. Una situación similar ocurre con el acuerdo de Doñana, firmado en noviembre de 2023 entre la Junta y el Gobierno para invertir 400 millones de euros en la zona. Cientos de agricultores siguen esperando unas ayudas que contemplan hasta 100.000 euros por hectárea para la renaturalización del entorno. Enrique Mateos, presidente del Consejo de Participación de Doñana, justifica la demora aludiendo a la complejidad administrativa del proceso. Asegura que se ha ido “lo más rápido que se ha podido” para dar “garantías jurídicas” al plan, aunque reconoce que la percepción del agricultor es que el proceso “es lento”. Finalmente, la gestión del agua es otra de las grandes preocupaciones. San ha criticado duramente que todas las obras de infraestructura hídrica importantes para la provincia, como la presa de Alcolea o el túnel de San Silvestre, sigan “sin hacerse” pese a llevar décadas prometidas y estar incluidas en el plan hidrológico.

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