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El Partido Popular ha exigido en el Senado una moratoria inmediata en la aplicación de la Ley de Costas para detener lo que califica de “una auténtica agonía” para cerca de 600 familias murcianas. El senador del PP por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, ha denunciado la “absoluta arbitrariedad, injusticia e ilegalidad” con la que, a su juicio, está actuando el Gobierno de España en los procesos de deslinde y demolición de viviendas. La reclamación se ha producido durante la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, a la que han asistido la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, y consejeros de varias comunidades autónomas, entre ellos el de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Jorge García Montoro. Esta acción responde al compromiso adquirido por el partido con los afectados tras una reunión celebrada en Cartagena. El consejero García Montoro ha criticado que las decisiones sobre la gestión del litoral “no se pueden tomar de forma unilateral a 500 kilómetros del mar ni de espaldas a los territorios”. Además, ha denunciado que se están aplicando deslindes “basados en criterios difusos y arbitrarios que nadie sabe cómo se aplican ni a qué objetivos responden”. Según los populares, la situación afecta a unas 80 familias en Los Nietos, pero se extiende a otras localidades como Cabo de Palos, El Portús, Puerto de Mazarrón o el poblado de Puntas de Calnegre en Lorca , sumando unas 600 familias en la Región. A nivel nacional, el problema podría afectar a más de 88.000 viviendas y cerca de 400.000 personas. García Montoro ha señalado que “lo que hasta ayer era suyo hoy deja de serlo por una decisión tomada en Madrid, lo que supone un problema muy grave que afecta no solo al patrimonio, sino también a la confianza en las instituciones”. El senador Francisco Bernabé ha cuestionado la actuación del Ejecutivo central, preguntándose “dónde queda el derecho a la propiedad privada” y ha afirmado que “no se puede privar a nadie de sus bienes si no es mediante compra o expropiación forzosa con garantías”. Por su parte, García Montoro ha advertido que esta situación de inseguridad jurídica “erosiona la credibilidad institucional”. El PP defiende que la protección del litoral no pasa por derribar viviendas, sino por aplicar medidas contra la regresión costera y el cambio climático, como la Estrategia de Protección del Litoral aprobada en 2016. Por ello, exigen al PSOE el desbloqueo inmediato de sus proposiciones de ley y una moratoria que paralice los deslindes. “Es una cuestión de respeto institucional, pero sobre todo de dignidad y justicia para miles de familias”, ha concluido Bernabé.
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