Cope Zaragoza
El primer juicio contra José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas ha quedado visto para sentencia. El exministro de Transportes ha utilizado su derecho a la última palabra este miércoles para denunciar que el proceso estaba “predeterminado” y que ha sido víctima de una campaña mediática. Tras su intervención, el tribunal ha concluido la vista oral, quedando únicamente por resolver la petición de libertad provisional para Koldo García. En su alegato final, Ábalos ha afirmado que la causa estuvo “predeterminada” desde el primer auto, con una “presunción de culpabilidad” que, a su juicio, se fue fortaleciendo. Ha cargado duramente contra los juicios paralelos y las filtraciones que, según ha denunciado, alimentaron una campaña mediática orquestada para construir una imagen de él “tan deshumanizada” que lo convirtiera en un personaje “susceptible de cometer cualquier crimen”. Además, ha lamentado las condiciones de su prisión provisional: “Venimos esposados, madrugamos, llegamos muy de noche. Es una especie de tortura diaria”. El exministro también ha relatado supuestas irregularidades durante la instrucción, como la obligación de declarar en octubre de 2025 con un abogado que había rechazado expresamente o que su ingreso en prisión en noviembre fue “apresurado”. “Todo apunta a una instrucción cerrada con precipitación”, ha aseverado. Antes de Ábalos, su exasesor, Koldo García, también ha usado su turno de palabra. Ha asegurado que le ofrecieron que el caso “quedara en nada” si delataba a más personas y ha señalado directamente a Alberto Durán, el abogado que dirige la acusación popular del PP. “A mí también me ofreció el abogado del PP que colaborara, claro, mintiendo y engañando a todos los españoles”, ha dicho. Según su relato, la presión incluía amenazas a su entorno familiar. Visiblemente afectado, García ha pedido disculpas y ha asegurado estar “totalmente destrozado, personal, social, mediática y laboralmente”. En su intervención, ha negado haber recibido dinero de forma ilícita y ha lamentado la situación personal que atraviesa: “No puedo realizar ningún proyecto, he perdido a mi familia y a mis amigos”. También ha intentado desmontar uno de los indicios del caso, explicando que el famoso mensaje sobre “un millón en chistorras” era en realidad “un farol” que se marcó en un mitin. Gran parte de los informes finales de las defensas se han centrado en desacreditar al empresario Víctor de Aldama. La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha criticado el “no pacto” de Aldama con la Fiscalía. “A nosotros no se nos ha ofrecido este no pacto, porque si nos ofrecen ‘di algo sin pruebas’, vamos a contar mentiras”, ha ironizado, sugiriendo que su cliente también habría colaborado en esas condiciones. Por su parte, la defensa de Ábalos ha denunciado que Aldama obtuvo su salida de prisión en otra causa a cambio de implicar al exministro en el caso de las mascarillas. El letrado ha sostenido que la colaboración del empresario no fue desinteresada, sino que respondía al incentivo de la libertad. “Para conocer los hechos tengo que imputar a los demás, ese es el tema que hay que analizar fríamente”, ha argumentado el abogado, quien considera que la Fiscalía sitúa a Ábalos como jefe de la trama basándose en presunciones y anotaciones sin soporte documental. El abogado de Ábalos, Marino Turiel, ha defendido que los contratos de mascarillas se ajustaron a la legalidad de la situación de emergencia y que el asunto “no admite discusión jurídica”. Ha insistido en una distinción clave: “Quien firma la orden ministerial no es quien contrata”. Según su tesis, el ministro firmaba las órdenes, pero eran los entes públicos como Puertos del Estado y Adif quienes tenían plena autonomía para decidir el proveedor y el precio. La defensa también ha negado todas las acusaciones de soborno. Ha argumentado que el piso de la calle Princesa era pagado por Aldama en su propio interés para acceder al entorno del ministro, y no una dádiva. Sobre el chalé de La Alcaidesa, ha recordado que el propio Aldama admitió que el desahucio fue por impago, sin vincularlo a ninguna gestión. Finalmente, ha subrayado que, según los testimonios, “ningún funcionario con poder de decisión declara haber recibido influencias del señor Ábalos” para realizar contrataciones.
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