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Hay una contradicción que ningún político parece tener prisa por resolver. La repiten en cada mitin, la imprimen en cada programa electoral y la convierten en promesa de cabecera cada cuatro años: la vivienda es un derecho. Pero cuando ese derecho aterriza en la vida real —cuando toma cuerpo en una notaría de Alicante un martes de abril— resulta que tiene precio. Y ese precio lo paga, con una puntualidad que ya quisiera Hacienda para otras cosas, exactamente quien menos se lo puede permitir.
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