EL ESPAÑOL
Interior invoca la ley franquista de Secretos oficiales para blindar cualquier evaluación de riesgo o dictamen jurídico sobre el 'decretazo', mientras Inclusión asegura "no tener constancia" la existencia de los informes. Más información: España destina más de 1.800 millones al año para atender a los inmigrantes irregulares y sólo 60 para impedir su llegada.
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