Cope Zaragoza
El teléfono de atención a la ocupación puesto en marcha por el Gobierno de Cantabria ha recibido un total de 34 consultas en sus primeros cuatro meses de funcionamiento, desde el pasado diciembre. Esta herramienta, gestionada por Gesvican a través del número 942 306 126 y el correo electrónico 'ocupacion@gesvican.es', busca "ayudar y acompañar" a las personas que sufren este fenómeno, según ha explicado el director general de Vivienda, Carlos Montes. Detrás de cada llamada se encuentran historias de miedo, incertidumbre y una profunda sensación de rabia, impotencia y abandono. Montes subraya en COPE que la okupación no solo afecta al propietario, sino también a la comunidad de vecinos, generando un clima de inseguridad: "Me contaban hace poco casos donde chavales adolescentes tienen miedo a entrar solos en el portal" o "la madre tiene miedo a la hora de salir a buscar el pan"; son algunos de los testimonios que ha recogido el director. Carlos Montes ha sido tajante al afirmar que la legislación actual "protege a los okupas, es público y notorio...". El director general de Vivienda atribuye esta situación a las políticas y modificaciones en la ley de enjuiciamiento criminal impulsadas por el gobierno nacional de Pedro Sánchez, que han provocado una escalada en los delitos de okupación. Según Montes, "es una realidad la impunidad con la que operan estas personas que se saltan todas las normas; ahora mismo, tal y como están configuradas, pues les avalan y les protegen". Critica que desde el Gobierno central se está intentando "confrontar dos derechos que tenemos en la Constitución, el derecho a la propiedad y el derecho a al uso de una vivienda digna". Esta confrontación, advierte, provoca que "desaparezcan viviendas del mercado de alquiler" y perjudica principalmente a las familias más vulnerables. Uno de los mayores problemas, según el responsable de Vivienda, es que la policía está atada de pies y manos por la normativa estatal. La clave reside en la imposibilidad de demostrar la "flagrancia", un término jurídico que exige que el delito sea visto en el mismo momento en que se comete. Si no se pilla al delincuente 'in fraganti', la policía no puede actuar, obligando al propietario a iniciar un proceso judicial que puede demorarse "8, 10, 12, 15 o 20 meses" para recuperar su vivienda. Ante una okupación, el primer paso es "ponerse en contacto con la policía nacional o guardia civil para denunciar el hecho" y tener acreditada la la titularidad del bien. Sin embargo, Montes insiste en la frustrante realidad: "La policía está atada de pies y manos porque no puede demostrar la flagrancia". En este sentido, reclama que España se compare con otros países de la Unión Europea, donde la policía "tiene todas las herramientas para poder expulsar de ese okupa ilegítimo" de forma rápida, sin las demoras del sistema judicial español. A pesar de las limitaciones competenciales, Cantabria está articulando sus propias medidas. La nueva ley de vivienda, actualmente en debate en el Parlamento, contempla que la policía local también pueda actuar en estos casos. Además, se está trabajando en la coordinación con los ayuntamientos y en la información a los ciudadanos para hacer frente a esta situación. Finalmente, Montes ha defendido que la solución pasa por un cambio de enfoque. Considera fundamental que "los derechos deben de conjugarse, el derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda digna". En su opinión, cuando la sociedad consiga ese equilibrio, "seguro que la situación del acceso a la vivienda va a mejorar considerablemente", en contraposición a la "estrategia transversal" del gobierno estatal de "confrontar derechos".
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