Las víctimas de la DANA denuncian la retirada de refuerzos a la juez de Catarroja: "Grave dilación en la instrucción"

El pasado 10 de abril la Conselleria de Justicia del Gobierno de Juanfran Pérez Llorca comunicaba a la juez de Catarroja que dirige la causa de la DANA que, a partir del 30 de junio, se quedará con apenas un funcionario de refuerzo, a diferencia de los cinco con los que contaba hasta ahora. Una decisión que complica el buen transcurso de la investigación y que ha sido criticada tanto por la magistrada como por las propias víctimas por llevar consigo una consecuente dilación en la instrucción. Por esta razón, las tres asociaciones de víctimas -Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Damnificados por la DANA de l'Horta Sud de Valencia, y Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024- expresan en un comunicado su rechazo y preocupación por la decisión de suprimir parte de los refuerzos de personal que estaban hasta la fecha adscritos al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. "La retirada de cuatro de los cinco puestos de refuerzo supondrá una grave dilación en la instrucción y afectará inevitablemente al correcto desarrollo de una causa de enorme complejidad, con centenares de víctimas, decenas de tomos judiciales y numerosas diligencias todavía pendientes", exponen las tres asociaciones en el escrito. En esta línea, los representantes de las víctimas de la trágica DANA del 29 de octubre de 2024 subrayan el hecho de que este equipo de trabajo lleva meses dedicado exclusivamente a esta causa, lo que implica un personal que conoce "perfectamente" el procedimiento y que funciona como "un equipo coordinado y especializado". Por ello, advierten que no se trata solo de mantener esos puestos de trabajo, sino de evitar la pérdida "de un equipo humano que ya conoce a fondo la causa y que resulta esencial para su buen desarrollo". Asimismo, en el comunicado las asociaciones destacan que la tutela judicial efectiva "no es una mera declaración simbólica", sino un derecho fundamental que queda amparado en la Constitución. Al hilo de todo ello, las víctimas muestran también su preocupación por el mensaje institucional que se traslada al conjunto de la ciudadana, a la vez que subrayan que "la confianza en las instituciones no se reconstruye solo con declaraciones públicas, sino garantizando que la investigación judicial disponga de todos los recursos necesarios y que no sufra interrupciones, cambios constantes de personal o el debilitamiento de los equipos humanos". Asimismo, remarcan que esta petición y reivindicación que plasman en el comunicado, "es plenamente compatible con el derecho del personal funcionario a estabilizar sus plazas y con los procesos legales de provisión y consolidación laboral". Por esta razón, sostienen que le corresponde a la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana el deber de organizar los recursos humanos y materiales con el objetivo de que los procesos de estabilización no impliquen el desmantelamiento de los equipos especializados ni una afectación negativa sobre una causa judicial de enorme trascendencia social y humana. "Garantiza los derechos del personal y garantizar una justicia eficaz no son objetivos incompatibles. Lo que resulta inadmisible es...

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