El Periódico Extremadura
Las discrepancias entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la de Sanidad, Mónica García, sobre el carácter voluntario o forzoso de aplicar una cuarentena a los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius que van a ser trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid reabre una polémica que ya se desarrolló en los primeros compases de la pandemia de covid en el año 2020: hasta dónde puede llegar el Estado cuando una enfermedad transmisible amenaza la salud pública. Expertos constitucionalistas aseguran que la clave jurídica reside en que la ley sí permite actuar sobre individuos concretos e identificados, que es el argumento esgrimido por la ministra de Sanidad.
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