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La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, defiende la aplicación de un indulto parcial al que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que su condena a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados "ha generado consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas".
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