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Desde que se aupó al poder a través de una moción de censura, con la promesa falaz de erradicar la corrupción y la intención evidente de entregarse a ella, Pedro Sánchez supo que necesitaba tener bajo su control a la institución encargada de perseguir el delito. Por eso nombró fiscal general del Estado a Dolores Delgado, fichada directamente desde su Consejo de Ministros, después a Álvaro García Ortiz, todavía más sumiso, condenado por revelar secretos con el propósito de perjudicar a Isabel Díaz Ayuso, y finalmente a Teresa Peramato, que aplaudía a su predecesor cuando iba camino del banquillo y ahora ha demostrado acumular méritos sobrados para sucederle en la tarea de obedecer ciegamente al amo. Sánchez creó una «Fiscalía... Ver Más
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