El Colombiano
Tras dos intentos fallidos, este viernes por fin se realizó la audiencia de imputación contra Ricardo Roa, señalado por la Fiscalía de haber permitido la violación de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Roa, quien hoy dirige Ecopetrol , asistió virtualmente porque se encuentra en México. Pero más allá de la formalidad judicial, llama la atención la aparente liviandad con la que se ha tratado uno de los escándalos más delicados del actual Gobierno. Y es que la Fiscalía tardó menos de una hora en imputar unos hechos que no giran alrededor de un error administrativo menor ni de una irregularidad aislada. Lo que está bajo investigación es la campaña que terminó ganando la Presidencia de Colombia. La acusación apunta a que se habría competido con ventajas económicas ilegales en una elección presidencial, es decir , que la llegada al poder habría estado marcada por presuntas trampas en la financiación electoral. Aun así, tres años después de los hechos, nadie ha respondido de fondo por los excesos que durante todo este tiempo han sido denunciados alrededor de la campaña Petro Presidente. Le puede interesar: Ricardo Roa no asistió por segunda vez a la audiencia de imputación por delitos electorales: está en “vacaciones” . El presidente de Ecopetrol , fue quien manejó la chequera de la campaña “Petro Presidente” en 2022. E ra el encargado de la administración financiera, la aprobación de gastos, el manejo de cuentas y la presentación de reportes ante el Consejo Nacional Electoral. La Fiscalía sostiene que, bajo su gerencia, la campaña presidencial gastó más dinero del permitido por la ley tanto en primera como en segunda vuelta. Desde hace años, las autoridades investigan las cuentas de la campaña, aportes no reportados y gastos que presuntamente nunca quedaron registrados oficialmente. Pero hasta ahora ningún alto funcionario de esa estructura había sido imputado penalmente por estos hechos. En Colombia las campañas no pueden gastar libremente. El Consejo Nacional Electoral fija unos topes máximos precisamente para evitar ventajas desproporcionadas entre candidatos. Para 2022, el límite autorizado era de $28 mil millones en primera vuelta y de $13 mil millones en segunda. Lo que dice la Fiscalía es que esas cifras se desbordaron. Según la imputación, durante la primera vuelta la campaña reportó oficialmente gastos por $28.384 millones. Sin embargo, los investigadores aseguran que hubo pagos y movimientos que no aparecieron completos en “Cuentas Claras”, el sistema oficial de rendición electoral. Allí entran, según el expediente, gastos no reportados o reportados parcialmente po r $1.193 millones y un ajuste contable entre vueltas por $345.982.836. Con eso, la Fiscalía concluyó que el gasto real habría llegado a $29.924 millones, es decir, $1.388 millones por encima del tope permitido. Dentro de esos movimientos aparecen pagos a Mi Colombia Travels SAS por eventos de campaña en el hotel Marriott y el Tequendama, además de un préstamo temporal del Polo Democrático Alternativo por $500.000.000 que, según la Fiscalía, debía quedar registrado formalmente. También quedaron bajo la lupa gastos atribuidos a la Unión Sindical Obrera (USO) por más de $290 millones relacionados con logística, transporte, alimentación y actividades proselitistas. La segunda vuelta tampoco quedó por fuera de la investigación. La Fiscalía asegura que, entre el 30 de mayo y el 19 de junio de 2022, cuando Petro ganó, la campaña volvió a superar el límite legal. Según las cuentas del ente acusador, los gastos reales habrían llegado a $17 mil millones. Pero en los reportes oficiales solo aparecieron gastos por $16.199.722.794. La diferencia estaría relacionada, otra vez, con pagos que no habrían sido reportados correctamente. Allí aparecen recursos vinculados con la Unión Sindical Obrera por $740.608.359, además de servicios de Turismo al Vuelo SAS y pagos relacionados con la Corporación Grupo Red Andina A3 Colombia. La Fiscalía sostiene que Roa conocía los límites legales porque era precisamente el responsable financiero de la campaña y tenía bajo su control la autorización de gastos y la rendición de cuentas. Por eso le imputó el delito de violación de topes o límites de gastos en campañas electorales, una conducta creada en 2017 que contempla penas entre 4 y 8 años de prisión, además de multas e inhabilidad para ejercer funciones públicas. La decisión llega además en un momento políticamente incómodo para el petrismo. El país ya empezó a moverse en clave electoral rumbo a 2026 y el expediente revive una discusión que el Gobierno no logra apagar del todo y es si la campaña que ganó la Presidencia terminó excediendo los límites legales de financiación.
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