El Plural
El Gobierno ha decidido enseñar músculo legislativo en el momento en que más se discute su capacidad real para gobernar. El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual Normativo de 2026, una hoja de ruta con 179 iniciativas que el Ejecutivo pretende impulsar durante el año: 10 leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos. Sobre el papel, la cifra transmite actividad, ambición y voluntad de agotar la legislatura. En la práctica, abre una pregunta mucho más incómoda para Pedro Sánchez: de todas esas normas, ¿cuántas pueden salir adelante en un Congreso donde cada votación se ha convertido en una negociación al límite? Moncloa quiere instalar una idea clara: el Gobierno sigue vivo, tiene agenda y no se limita a resistir. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha coordinado un plan que incluye reformas económicas, sociales, laborales, sanitarias, judiciales y de regeneración democrática. Entre las normas más relevantes figuran los Presupuestos Generales del Estado, una nueva ley de financiación autonómica, la Ley de Inteligencia Artificial, la Ley de Democracia en la Empresa, la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, medidas contra la violencia vicaria, la Ley de Trata y varias iniciativas ligadas al Plan de Acción por la Democracia. La paradoja es evidente. El Ejecutivo presenta una de sus hojas de ruta más ambiciosas justo cuando su mayoría parlamentaria parece más frágil. El Gobierno puede aprobar reales decretos en Consejo de Ministros, pero las leyes orgánicas y ordinarias necesitan pasar por el Congreso. Y ahí empieza el verdadero problema: 48 de las 179 iniciativas requieren respaldo parlamentario directo, incluidas algunas de las más importantes políticamente. En una legislatura marcada por Junts, ERC, PNV, EH Bildu, Podemos, Sumar y el resto de socios, cada norma es una partida nueva. No existe una mayoría automática. Existe una mayoría que se reconstruye, se compra políticamente o se pierde votación a votación. Una agenda para demostrar que la legislatura sigue viva El Plan Anual Normativo cumple una función técnica, pero también política. Técnicamente, ordena las prioridades legislativas de la Administración General del Estado. Políticamente, es una declaración de resistencia. El mensaje de Moncloa es que la legislatura no está agotada, que todavía hay agenda y que el Ejecutivo no se resigna a gobernar solo con prórrogas, decretos y acuerdos mínimos. La propia estructura del plan intenta proyectar normalidad institucional: ministerios que proponen, reformas que avanzan, compromisos europeos que se incorporan y leyes que dibujan un horizonte de gobierno. En esa estrategia hay un dato que el Ejecutivo utiliza como aval: el Gobierno asegura que el Plan Anual Normativo de 2025 alcanzó un cumplimiento superior al 82%, entre normas aprobadas o en tramitación. Esa cifra permite a Bolaños defender que no se trata de propaganda, sino de una planificación realista. Sin embargo, el dato necesita contexto. Una cosa es tramitar o aprobar normas de distinto rango y otra muy distinta es sacar adelante las piezas políticamente decisivas de la legislatura. No pesa igual un...
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