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Las sanciones de EEUU contra la relatora de la ONU, contra miembros de la Corte Internacional y contra organizaciones de derechos humanos palestinas requieren una respuesta europea que no llega, lo que facilita más crímenes israelíes Israel repite el guion fallido de la ocupación de Líbano 26 años después: “Fue un gran fracaso en los años 80 y 90” Han pasado más de diez meses desde la imposición de sanciones de Estados Unidos contra la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, contra varios jueces e integrantes de la Corte Penal Internacional y contra varias organizaciones de derechos humanos palestinas . Washington los castiga por cumplir con la obligación que les asigna su puesto: investigar crímenes masivos y defender la aplicación del derecho internacional. Las consecuencias de estas sanciones son profundas. No pueden viajar a Estados Unidos ni usar servicios de empresas estadounidenses, no pueden utilizar sus tarjetas de crédito ni acceder a su dinero en sus bancos, incluidos los europeos. “Quiero que se entienda por qué sanciones impuestas por otro país tienen efecto en Europa: porque en lo que respecta al sistema bancario, no hay soberanía europea, por eso hoy me pasa a mí, pero mañana podrían sufrirlas miembros de gobiernos o más jueces”, explicó esta semana la relatora de la ONU, Francesca Albanese, quien se ha convertido en un referente internacional en la defensa de los derechos de los palestinos. Desde la aplicación de las sanciones hace más de diez meses hasta esta semana ningún Gobierno europeo había pedido públicamente a Bruselas la activación del reglamento de bloqueo de la UE, diseñado para proteger a ciudadanos europeos de sanciones de terceros países. El pasado miércoles lo hizo España, a través de una carta enviada por el presidente Pedro Sánchez a la Comisión Europea y de un vídeo colgado en sus redes sociales, en los que solicitaba que este castigo estadounidense no tenga efecto en la Unión Europea. Ese pronunciamiento de España se produjo ante la visita de Francesca Albanese a nuestro país, donde participó en varios actos públicos y fue recibida por Sánchez, quien le hizo entrega de una medalla al mérito civil. Con la relatora de la ONU pisando suelo español , el silencio gubernamental habría llamado la atención, tras diez meses de sanciones estadounidenses vigentes contra ella y la petición expresa no solo de la relatora y de jueces sancionados , sino también de organizaciones internacionales de derechos humanos y de juristas que han impulsado una campaña desde La Haya solicitando medidas de protección inmediatas. Solo Eslovenia se ha unido a la petición española a Bruselas para bloquear los efectos de las sanciones estadounidenses, mientras el país de Albanese, Italia, se niega a protegerla. Desde la Comisión Europea no ha habido respuesta . La posición de la mayoría de los integrantes de la UE tiene profundas repercusiones en la preservación del derecho internacional y en la normalización de la impunidad. Desde la aplicación de las sanciones de EEUU hace 10 meses ningún Gobierno europeo había pedido públicamente la activación del reglamento de bloqueo de la UE, diseñado para proteger a europeos de sanciones de terceros países. La UE da la espalda al derecho internacional Hace tan solo dos meses, varios ministros de Exteriores europeos —entre ellos, los de Francia, Alemania, Austria o República Checa— participaron en una campaña de difamación contra la relatora de la ONU para Palestina y pidieron su dimisión , mientras sus países continúan manteniendo estrechas relaciones con Israel y evitan desplegar la protección que merecen los tribunales internacionales. Desde el anuncio de las sanciones estadounidenses hasta hoy, ninguno de esos países ha impulsado acciones coordinadas para proteger a la relatora de Naciones Unidas ni a los jueces y funcionarios de la Corte Penal Internacional sancionados, pese a que entre ellos hay varios europeos y pese a que el reglamento de bloqueo de la UE está diseñado para este tipo de casos. Desde enero de 2024, las Cortes de La Haya han dado herramientas a los Estados para que actúen siguiendo sus obligaciones, es decir, adoptando medidas para “prevenir y sancionar” el genocidio, tal y como exige la Convención sobre Genocidio. Sin embargo, la Unión Europea mantiene su Acuerdo de Asociación preferencial comercial vigente con Israel, pese a que su artículo 2 exige a las partes respeto a los derechos humanos. Solo Irlanda, Eslovenia, Bélgica y España han presionado para su suspensión. Los relatores de la ONU han indicado que ese paso es “un requisito mínimo” , es decir, que no es la única obligación exigida por el derecho internacional. Cuando en noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional lanzó órdenes de arresto contra Netanyahu y contra su exministro de Defensa, varios países europeos —entre ellos, Francia— cuestionaron la posibilidad de cumplirlas. Cuando la Corte Internacional de Justicia advirtió en enero de 2024 del riesgo de genocidio en Gaza, ningún país europeo adoptó las medidas obligadas para prevenirlo. Cuando la relatora de Naciones Unidas para Palestina presentó en febrero de 2024 su informe “Anatomía de un genocidio” los países europeos siguieron firmando contratos con empresas armamentísticas israelíes y continuaron con el comercio preferencial con Israel. A lo largo de 2024, la Corte Internacional de Justicia emitió varias órdenes cautelares, y en julio de ese año solicitó a los países de la ONU “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos” en relación con la “ocupación ilegal” israelí y la “segregación”, nombradas en esos términos por dicho tribunal. Los países europeos no lo hicieron ni entonces ni durante todo 2025, y a día de hoy todos ellos mantienen en mayor o menor medida relaciones con empresas o entidades israelíes que contribuyen directa o indirectamente a la ocupación y al apartheid israelíes. En octubre de 2025, la Comisión de Investigación Independiente asignada por Naciones Unidas señaló que “hay un genocidio en Gaza desde octubre de 2023” y sus integrantes subrayaron que, desde el inicio, los países tenían la obligación de prevenirlo. Los jueces y juristas de dicha Comisión han indicado que los Estados deben suspender cualquier relación que favorezca la ocupación ilegal israelí, y que eso incluye la obligación de retirar de sus embajadas en Israel a sus agregados militares y cerrar sus oficinas comerciales en el país, entre otras medidas. Nada de esto se ha adoptado aún. Los países también deben impulsar una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas contra esas sanciones estadounidenses. Pasos que no se han adoptado Hay otras muchas iniciativas que un país puede impulsar para proteger a los juristas sancionados, para cumplir con la defensa del derecho internacional y para intentar frenar los crímenes masivos que Israel sigue aplicando contra la población palestina. La propia relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, ha señalado que los Estados miembros de la ONU tienen la obligación de suspender relaciones comerciales de bienes y servicios con Israel, “no solo con las colonias”. También ha propuesto la suspensión de Israel en la Asamblea General de Naciones Unidas, como se hizo con el régimen del apartheid de Sudáfrica en 1974. Algunos países europeos han impuesto restricciones a sus relaciones armamentísticas con Israel, en diferentes niveles, pero la mayoría de ellos no las han prohibido por completo y permiten asistencia financiera, operaciones indirectas mediante filiales o intermediarios o transacciones excepcionales en nombre de “intereses nacionales”, como es el caso español. Para forzar un cambio es preciso ejercer presión política, económica y diplomática. En ese sentido, la petición de bloquear las sanciones contra las personas e instituciones que intentan prevenir y sancionar el genocidio es un paso mínimo necesario, pero hacen falta más medidas. Además de las ya enumeradas, hay iniciativas concretas que deben adoptarse para proteger a los jueces, fiscales, la relatora de la ONU y las organizaciones de derechos humanos palestinas castigadas por Washington. Eso incluye impulsar acciones legales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Corte Internacional de Justicia, ya sea mediante demandas contra EEUU o a través de solicitudes de opinio juris , es decir, de una resolución sobre interpretación jurídica, para que se declare la obligación de cumplir la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de los Funcionarios de Naciones Unidas. Tales inmunidades son incompatibles con las sanciones unilaterales impuestas por Washington contra la relatora de la ONU. Los países también deben impulsar una resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas contra esas sanciones estadounidenses. Además, tienen que trabajar para crear un bloque coordinado mayor que solicite formalmente a la Unión Europea la aplicación del Instrumento contra la Coerción —Reglamento (UE) 2023/2675— el Estatuto de Bloqueo, o cualquier otro instrumento jurídico que permita dejar sin efecto normas de terceros países que afecten a los intereses de la Unión Europea. Mientras tanto, deben idearse y facilitarse mecanismos y vías alternativas para que los sancionados puedan acceder a sus ingresos de algún modo. Dentro de las obligaciones internacionales está la de trabajar con todos los Estados del mundo dispuestos a presionar contra el régimen de apartheid israelí tanto en la Asamblea de la ONU como en otros foros. La Unión Europea ha impulsado al menos veinte paquetes de sanciones contra Rusia y ninguno contra Israel, evita proteger a la relatora de la ONU, no despliega mecanismos para bloquear las sanciones contra los integrantes de la Corte Penal Internacional y sigue protegiendo a los Estados miembros que facilitan y normalizan el apartheid israelí. La UE es el mayor socio comercial de Israel, por delante de Estados Unidos. Su posición contribuye a que los crímenes israelíes continúen, pese a que apenas aparecen ya en muchos medios de comunicación (precisamente, el próximo informe de la relatora de la ONU analizará el papel de los medios en la facilitación del genocidio). El Ejército israelí sigue asesinando e hiriendo a civiles en Palestina todas las semanas, ha vuelto a secuestrar a integrantes de la flotilla Global Sumud en aguas internacionales, ha matado a más de dos mil personas en Líbano en los últimos dos meses y ha extendido su anexión ilegal de territorio con nuevos asentamientos . El Gobierno de Israel endurece sus operaciones de segregación contra la población palestina y se han conocido nuevos casos de maltrato y de tortura . En Gaza la población vive hacinada en un tercio del territorio, arrinconada y vigilada por el Ejército israelí, que ocupa más de la mitad de la Franja. Cientos de miles de personas habitan en tiendas de campaña, sin atención médica adecuada, sufriendo frío, calor, humedad y mordeduras de ratas que, literalmente, están provocando heridas y enfermedades. La UE y los Estados que la integran mantienen sus embajadas y oficinas comerciales abiertas en Israel, continúan con sus relaciones comerciales con empresas israelíes y no han suspendido por completo sus relaciones militares o armamentísticas con Tel Aviv. Algunos países, incluso, siguen facilitando apoyo logístico, político y militar a Israel. Esta posición contribuye a la situación actual, en la que Israel comete genocidio, ocupa ilegalmente, coloniza, aplica apartheid y practica “ tortura sistemática contra la población palestina”. “En tiempos de genocidio, si no formas parte de la solución, formas parte del problema: no hay espectadores neutrales”, repite Francesca Albanese, con razón. Ante un genocidio, la inacción constituye una forma de complicidad y una vulneración del derecho internacional.
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