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Asistimos al caso Mascarillas como a un episodio de degradación moral, de impudicia privada expuesta en el escaparate público: un episodio más de 'colocaciones'. Una palabra que siempre me ha parecido demasiado blanda para lo que describe, porque colocar a alguien no es ayudarle, sino quitarle el puesto a otro que lo merecía más o, simplemente, antes. Es convertir la Administración en una prolongación del capricho arbitrario de quien la gestiona temporalmente. Y, sobre todo, es decirnos a los ciudadanos que estudiamos, nos esforzamos y esperamos –en ese movimiento incesante que es la legítima aspiración de mejorar– que en realidad nunca hubo prelación, sino atajos; y que esos atajos, además de estarte vedados, los pagas tú, contribuyente ingenuo, que creíste que tu arrojo te llevaría a alguna parte. Lo que confirmamos en sede judicial (previamente noticiado por valientes periodistas) no es solo un relato personal más o menos sórdido, sino el retrato de un funcionamiento podrido. La declaración de Jésica Rodríguez (reconociendo haber cobrado de dos empresas públicas sin trabajar) ha ido acompañada de la aparición de un entramado de favores que retratan auténticos ministerios de amiguetes, levantados sobre solicitudes tramitadas por WhatsApp. Y la pregunta, inevitable: cuántos casos más no conoceremos. Cuántos han ocupado puestos que otros merecían más: hermanos que aterrizan en instituciones provinciales con puestos a medida; novios pilotos colocados en una compañía recientemente rescatada por decisión del Consejo de Ministros del que se forma parte; esposas que acceden a redes, convocan reuniones u obtienen financiación con el respaldo que les concede el nuevo código postal de la unidad familiar; exjefes de Gabinete premiados con la presidencia de empresas públicas; exministros recolocados a la cabeza de entes que deberían fiscalizar el gobierno del que provienen; multitud de perfiles políticos al frente de direcciones generales de organismos técnicos. Pero ¿qué quedó de la meritocracia? Precede a este episodio nacional, un momento en el que la meritocracia se convertía en fetiche de la crítica intelectual contemporánea. En 'La tiranía del mérito', Michael Sandel señalaba la tendencia de los ganadores a atribuirse su éxito y la consiguiente inclinación a considerar el fracaso ajeno como responsabilidad exclusiva de quien lo padece. Por su parte, Daniel Markovits acusaba en 'The Meritocracy Trap' a las élites meritocráticas de haber construido un sistema que reproduce su propia posición mediante una inversión intensiva, y profundamente desigual, en capital educativo y cultural para sus descendientes. Estos éxitos comerciales del pensamiento progresista plantean críticas sin duda razonables: el punto de partida en la carrera de la vida pesa, el talento no se distribuye con equidad y una sociedad que convierta cada resultado en un juicio moral sobre la persona practica la crueldad. Pero reconocer sus límites no debería equivaler a deslegitimar el principio mismo. De hecho, llevada al extremo, la sospecha hacia cualquier forma de mérito puede desembocar en esa caricatura distópica que imaginó Kurt Vonnegut en 'Harrison Bergeron', donde, en pleno año 2081, la igualdad se garantizaría por decreto a base de mutilar cualquier forma de excelencia: auriculares que sabotean la capacidad de pensar de los más inteligentes, lastres que neutralizan la fuerza de quienes destacan físicamente, máscaras que desfiguran la belleza de los más agraciados. Un mundo en el que nadie puede destacar porque hacerlo es injusto. Pero, recordemos: la meritocracia nace, precisamente, como una reacción contra el privilegio. Es el resultado de un largo proceso histórico en el que distintas sociedades trataron de sustituir la lógica del linaje por la del mérito sometido a reglas y procedimientos: pasar de los favores a los exámenes, y de la cercanía al poder a los criterios objetivables, públicos y discutibles. Desde los sistemas de selección administrativa en la China imperial hasta la construcción de nuestras burocracias modernas en Europa, se ha buscado limitar la arbitrariedad y, con ello, ensanchar la igualdad de oportunidades. El propio Napoleón Bonaparte, en su proceso de construcción y legitimación del Estado administrativo moderno, abogaría por «carrières ouvertes aux talents» para impedir que el acceso a ellas quedara secuestrado por el nacimiento. Un principio que, a pesar de todas sus insuficiencias, es una conquista civilizatoria nada despreciable. Y la gente lo sabe. Mientras en círculos académicos se juega a desmontar la meritocracia como ideal normativo, la mayor parte de la ciudadanía prefiere sistemas que, con todos sus defectos, se basen en el mérito. A pesar de sus imperfecciones, se intuye, con buen criterio, que sus alternativas son peores. Quienes no contamos con mayor respaldo que el de nuestro propio trabajo, sabemos que cuando el mérito salta por la ventana, su lugar lo ocupa una masa viscosa de influencias, cercanías, lealtades y conveniencias. El enchufe. La proliferación de Jésicas y Jésicos no desmiente la meritocracia: pone de manifiesto hasta qué punto no hemos llegado a aplicarla de manera consistente. En España no padecemos los excesos de una sociedad demasiado meritocrática; lo que yo creo que sufrimos son las consecuencias de su ausencia sistemática: en el acceso a determinados puestos públicos, en ciertos nombramientos , en la asignación de contratos, en tantísimos ámbitos donde los contactos siguen pesando más que la competencia. El problema de España no es el exceso de mérito, sino lo extraordinariamente fácil que resulta, en la práctica, saltárselo. Mientras la izquierda intelectual ha deconstruido la meritocracia en abstracto, «el Gobierno más progresista de la historia» ha tolerado o practicado una dedocracia muy concreta que nadie defiende en voz alta, pero que encuentra siempre justificaciones de urgencia que te explican en privado. Se dirá que la meritocracia deja fuera a muchos valiosos; seguramente; pero su alternativa los sustituye, siempre, por personas menos cualificadas. Todo esto, además del perjuicio económico e institucional, provoca una herida de naturaleza educativa. Los episodios recurrentes de colocaciones y enchufes transmiten la idea de que el esfuerzo no basta, que las reglas son para quien carece de padrinos y que la verdadera competencia consiste en saber arrimarse bien: a quién, cuándo y cómo. Es una lección cívica devastadora. ¿Cuándo dejará la clase política de pedir, pagar y devolver favores mercadeando con puestos y contratos que pagamos todos? Mientras el coste siga siendo bajo y el beneficio alto, y colocar a alguien refuerce lealtades sin consecuencias ni claras ni inmediatas, el incentivo persistirá y la tentación será estructural. Harían bien en tomar nota quienes aspiran a gobernar España en los próximos años porque podemos, y debemos, dejar de ser un país de Jésicas.
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