Cope Zaragoza
El caso de las participaciones de lotería vendidas de más en Igorre ha tomado un nuevo cariz judicial. Numerosos afectados han buscado ya el asesoramiento del abogado bilbaíno José Montero, socio director del despacho Montero de Cisneros, para explorar las vías legales disponibles y poder recuperar su dinero. Este letrado es una figura de reconocido prestigio en el ámbito del derecho bancario, conocido por ser pionero en España al obtener las primeras sentencias favorables contra las cláusulas suelo y el IRPH, sentando una jurisprudencia que benefició a miles de hipotecados en todo el país. La principal disyuntiva que se plantea en este momento es si el incidente responde a un despiste o error humano o si, por el contrario, se trata de una presunta estafa. Según explica Montero, los afectados que han contactado con su despacho se inclinan claramente por la segunda hipótesis. La prueba más evidente de esta convicción es que han optado por la vía penal, con la interposición de cerca de 120 denuncias, en lugar de acudir a una demanda civil por incumplimiento de contrato. “Si me preguntan qué es lo que piensan los afectados, éstos creen que sí es una estafa, y la razón de ello es que están poniendo denuncias penales”, confirma el abogado. La desconfianza de los compradores se ha visto acrecentada por la propuesta de la asociación responsable de donar parte del premio para compensar el desfase. Montero rechaza de plano esta solución, calificándola de poco acertada. Insiste en que no se debe aceptar un acuerdo de este tipo, ya que podría sentar un precedente similar a un caso ocurrido en León. “Yo creo totalmente que no, que cada uno debe asumir su responsabilidad”, asevera el letrado, quien considera que intentar que los propios agraciados solucionen este asunto “va a generar más problemas, en un pueblo que además es muy pequeño”. El abogado José Montero no duda en calificar la gestión de la situación por parte de la asociación como “extremadamente sospechosa”. El principal punto de fricción y lo que más dudas genera es el momento en que la organización se dio cuenta de que había vendido más participaciones de las que estaban respaldadas por décimos reales. Montero lo expone con claridad: “Cuando se dieron cuenta y cuando tocó el premio nadie se puso a revisar cuántas papeletas había, fue cuando llegó el último a cobrar y empezó a llegar más gente y se dieron cuenta". Según el especialista en derecho bancario, el procedimiento correcto habría sido muy distinto y habría evitado la situación actual. “Lo más normal sería: aquí están los billetes, no hace falta ni cobrarlos, los billetes los consigno en el juzgado o lo cobro en una cuenta y ese dinero la consigno en el juzgado”, detalla. Al abrir un procedimiento de jurisdicción voluntaria, la asociación se habría desvinculado del reparto, dejando que fuera la justicia quien gestionara la entrega del dinero a los legítimos ganadores, lo que habría aportado transparencia y seguridad jurídica al proceso. En cuanto a la estrategia legal, Montero aclara que la vía penal y la civil no pueden coexistir simultáneamente. “La vía penal es previa, con lo cual generará una perjudicialidad penal, eso significa que todas las demandas que se presenten civiles quedarán paralizadas o no se podrán atender hasta que finalice la vía penal”, explica. A pesar de esta paralización, ve con buenos ojos iniciar un procedimiento penal para que se abra una instrucción, se tome declaración a los implicados y se aclare lo sucedido, lo que proporcionará una base sólida para una futura reclamación de responsabilidad civil. Una de las mayores inquietudes de los afectados es qué ocurriría si la asociación se declara insolvente o entra en concurso de acreedores. Montero lanza una advertencia clara: la responsabilidad podría trascender a la entidad. “Detrás hay un presidente, un secretario y un tesorero que, si han tenido responsabilidad penal, tendrán que hacer frente con sus propios peculios, con sus patrimonios familiares, con todos sus bienes presentes y futuros”. Además, advierte que si intentan ocultar sus bienes, podrían incurrir en un delito de alzamiento de bienes, lo que agravaría su situación penal y podría llevarles a la cárcel. El letrado es tajante al afirmar que la responsabilidad no puede trasladarse a los agraciados. La idea de que simplemente “cobren la mitad” no es una opción legalmente aceptable. “Es muy difícil que se puedan librar sin cumplir”, sentencia, refiriéndose a los directivos de la asociación. Sobre la forma de articular la reclamación, la recomendación es clara: presentar denuncias individuales. A pesar de la existencia de directivas europeas, Montero señala que en España “las denuncias y demandas colectivas están muy verdes”. Por ello, aconseja que cada afectado presente su propia denuncia, con su nombre, número y circunstancias particulares. “Es mejor hacerlo individual. Aunque luego se agrupe en el juzgado, pero que se presente individualmente”, precisa. El juzgado, de oficio o a instancia de parte, podrá decidir más tarde la acumulación de las causas. En cuanto a los plazos, los afectados disponen de cinco años para poder reclamar. No obstante, el abogado subraya la conveniencia de hacerlo “lo antes posible”. La experiencia demuestra que dejar pasar el tiempo puede jugar en contra de los denunciantes. “Normalmente, la jurisprudencia desestima cuando se espera mucho”, advierte, ya que, aunque la acción legal sigue viva, “la credibilidad se pierde un poquito”. Finalmente, Montero considera fundamental que el conjunto de afectados “se personen en la causa” desde el primer momento para que puedan defender sus intereses de manera efectiva. Recomienda contratar “buenas acusaciones particulares” y aprovechar que, al ser un colectivo grande, pueden “diluir el coste de esos abogados expertos”. El objetivo, concluye, no es solo cobrar, sino también depurar responsabilidades para que algo así no vuelva a ocurrir. Califica la propuesta de la asociación de repartir el premio como “una tomadura de pelo del tamaño de una catedral”.
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