Cope Zaragoza
El Delegado de Migraciones de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, José Moreno Losada, ha criticado con dureza la actuación de las administraciones tras el desalojo de unas 17 personas que pernoctaban en las dársenas de la estación de autobuses de Badajoz. El desalojo, ejecutado por la Policía Nacional en la noche del este martes, ha generado un cruce de acusaciones sobre la responsabilidad de la orden, mientras las personas afectadas se han visto abocadas a buscar refugio bajo puentes en una noche de lluvia. Mientras la Delegación del Gobierno en Extremadura y la Jefatura Superior de Policía niegan haber ordenado el desalojo, la versión oficial sostiene que los agentes acudieron tras la llamada del vigilante de seguridad de la estación, gestionada por la Junta de Extremadura. Según esta versión, las personas abandonaron el lugar de forma “voluntaria” tras la intervención policial. Sin embargo, desde la Asociación Ciudadana de Apoyo al Pueblo Migrante de Badajoz (ASCIPA) contradicen esta información. Un miembro de la asociación, Pedro Carrasco, asegura que los propios agentes de la Policía Nacional les comunicaron en el lugar que cumplían “órdenes directas de la delegación”. José Moreno Losada confirma esta versión y lamenta que “el caso es que no resuelven y no les preocupa”. La intervención se produjo alrededor de las 23:00 horas en una noche de intensa lluvia, un hecho que desde ASCIPA califican de “un poco inhumano”. La asociación, critica que la única solución ofrecida fuera “iros de aquí y buscaros la vida en la calle”. Además, se ha instalado un nuevo servicio de vigilancia para impedir que nadie vuelva a pernoctar en las dársenas. Tras la expulsión, solo se permitió que se quedaran dos personas, una de ellas con problemas de movilidad. El resto, una mezcla de migrantes africanos, ciudadanos europeos y españoles sin hogar, tuvieron que dispersarse por la ciudad para encontrar cobijo. El grupo de desalojados es heterogéneo. La mayoría, unos doce migrantes, son solicitantes de asilo, por lo que su atención es competencia de la administración nacional. También había personas de nacionalidad europea, como un ciudadano portugués, y españoles que ya habían sido desalojados previamente del Estadio José Pache. Desde ASCIPA se denuncia la falta de plazas de acogida en Badajoz, donde solo existen las 24 del albergue de Cáritas. Por ello, instan al Ayuntamiento, la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y la Delegación del Gobierno a ponerse de acuerdo para habilitar más plazas, ya que “la situación de ahora no es la misma que hace 4 o 5 años, cada vez hay más personas en las calles”.
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