Cope Zaragoza
La Unidad de Control del Padrón del Ayuntamiento de Lorca ha abierto desde su creación en 2024 un total de 174 procedimientos sancionadores por infringir la ordenanza municipal sobre empadronamiento, que se han traducido ya en 45.000 euros en multas. Además, se han tramitado otros 87 expedientes por vulnerar el planeamiento municipal para crear infraviviendas. Estos expedientes por infracciones urbanísticas están relacionados con el acondicionamiento de trasteros, cuartos de aperos, garajes o cuadras de animales como viviendas para alquilar. En algunos de estos casos, las multas pueden superar los 100.000 euros. La concejala responsable, Belén Pérez, ha explicado que "en algunos casos los expedientes permanecen abiertos para que los propietarios reviertan la situación y restablezcan la legalidad" ante los cambios de uso y modificaciones ilegales de inmuebles. Uno de los casos más recientes detectados por el consistorio es el del propietario de una finca que ha construido de forma ilegal diez viviendas en una parcela de 6.000 metros cuadrados sin ningún tipo de permiso. En el momento de la inspección municipal, las viviendas, ubicadas en una pedanía de la huerta de Lorca, ya se encontraban ocupadas. Pérez también ha informado del conflicto que el consistorio mantiene con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por la ocupación ilegal de antiguas infraestructuras de riego en la pedanía de Marchena. En estas instalaciones residen personas en condiciones de insalubridad y peligro. Ante la falta de respuesta de la CHS a los requerimientos municipales, el ayuntamiento ha iniciado los trámites para la ejecución forzosa. El consistorio acudirá al juzgado para solicitar el desalojo y posterior tapiado de los habitáculos, repercutiendo los costes al organismo de riego. Respecto a las multas por incumplimiento de la ordenanza del padrón, la concejala ha detallado que solo en 2026 se han incoado 50 procedimientos sancionadores. La mayoría de los casos están relacionados con la falta de veracidad en las declaraciones de quienes intentan empadronar a otras personas o de los propios solicitantes. En estas situaciones, las multas por empadronamiento fraudulento oscilan entre los 750 y los 3.000 euros.
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