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El juez que investiga un posible delito de intrusismo en el informe pericial informático de los datos crudos del teléfono móvil de Miguel Carcaño , condenado a 21 años y tres meses de cárcel por asesinar a la joven sevillana Marta del Castillo, ha resuelto prorrogar seis meses más la instrucción de la causa, en concreto hasta el próximo 21 de noviembre. Y lo ha hecho, según figura en un auto emitido el pasado 29 de abril, porque aún «ha de recibirse respuesta» del magistrado de la plaza número cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, encargado de la búsqueda del cadáver de la víctima, «a un oficio remitido en su día» en demanda de que especificase e n qué términos exactos fue asignada la elaboración del mencionado informe a la empresa Lazarus Technology o al jefe de la misma, Manuel Huerta , único investigado en estas actuaciones. En el auto, el juez instructor recuerda que el denunciante del caso, el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de la Torre, había pedido solicitar de nuevo a Manuel Huerta «que aporte el título que se le requirió con anterioridad», pues le acusa de no contar con habilitación reconocida para este tipo de informes. «Una vez se reciba el oficio cumplimentado se decidirá sobre la pertinencia del requerimiento que interesa el denunciante, pues de la respuesta dada depende el requerimiento, así como su utilidad», avisa el juez respecto a dicha petición, toda vez que el pasado 14 de abril, el magistrado denegó al denunciante su petición de que también fuesen investigados los seis miembros Lazarus que participaron igualmente en la confección del estudio. «Dichas pruebas son innecesarias y prospectivas, al querer ampliar el objeto del contencioso penal a cualquier persona que se relacione con el inicial denunciado», explicaba el magistrado. El juez instructor sigue así pendiente de que el que fuera Juzgado de Instrucción número cuatro, responsable de la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo, aclare cómo se hizo la designación y habilitación de Manuel Huerta o de su empresa Lazarus Technology para confeccionar dicho informe pericial, merced a lo solicitado por la Fiscalía, que además ha avisado de la «posible prescripción de los hechos». Y es que la Fiscalía, en un escrito del pasado 25 de febrero, anticipaba ya su postura a favor de archivar de nuevo esta causa en la que el responsable de Lazarus está investigado por un presunto delito de intrusismo a cuenta de dicho informe pericial sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño, fruto de las acciones judiciales del decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, que asegura que Huerta «no posee titulación oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática, ni pertenencia a colegio profesional alguno». La defensa de Manuel Huerta viene defendiendo de su lado que «la ingeniería informática no tiene una Ley de atribuciones profesional exclusiva, lo que ha generado una situación de 'profesión no regulada' en el sentido estricto del ejercicio obligado de la firma, y prueba de ello es que no hay hay órdenes ministeriales sobre regulación de la profesión», negando así cualquier delito. Al respecto, la Fiscalía explicaba en su escrito de febrero que de la documentación recabada cabría determinar « varias certezas », que serían que «el informe fue firmado por Juan Manuel Martínez Alcalá, que es ingeniero de telecomunicaciones, aunque aparece también electrónicamente firmado por el investigado», Manuel Huerta, quien «no firma como ingeniero ni como perito, sino como representante de la sociedad Lazarus». Además, el fiscal señalaba que «de la documentación aportada por ambas partes, principalmente la referencia que se hace en la documentación aportada por el denunciante, no se justifica la competencia exclusiva de los ingenieros técnicos informáticos a otras ingenierías para la realización de los informes referidos solicitados por el Juzgado de Instrucción número cuatro, que es el que hizo el nombramiento del perito informático correspondiente y que debió comprobar la habilitación del denunciado Manuel Huerta o de la empresa Lazarus». A cuenta de ello, el fiscal manifestaba en su escrito que «antes de solicitar el sobreseimiento», situación que sería ya la segunda después de que la Audiencia revocase el archivo inicial, era necesario solicitar al Juzgado de Instrucción número cuatro, encargado de la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo «que aclare cómo se hizo la designación y habilitación del investigado o de la empresa Lazarus en las diligencias, fecha de la designación y fecha del juicio donde actuó o pudo actuar el investigado como perito, ya que desde esa fecha se deberá contar el plazo de prescripción del delito de intrusismo, que es de cinco años».
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