COPE
La provincia de Huelva depende en gran medida de la mano de obra migrante para sostener sectores clave de su economía, como la agricultura y la hostelería. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 11% de la población de Huelva es extranjera, con más de 20.000 personas de nacionalidad marroquí y 13.000 de nacionalidad rumana. Sin embargo, esta realidad económica convive con importantes desafíos sociales, como el acceso a una vivienda digna, que en núcleos como Palos de la Frontera o Lepe se limita para muchos al chabolismo. Desde la asociación Huelva Acoge, su presidenta, Patricia García, explica que el debate político suele centrarse en la "situación administrativa", obviando las necesidades reales de las personas. "Las personas migrantes tienen las mismas necesidades que las personas españolas: sanitarias, sociales, educativas", afirma García. La única diferencia, señala, es la barrera documental o idiomática. Por ello, la entidad trabaja para que "se sientan ciudadanos y estén incluidos dentro de la sociedad en la que viven". Para lograr esta integración, Huelva Acoge ofrece programas de atención jurídica, intervención social con familias, inserción sociolaboral y protección internacional. El objetivo es dar una respuesta integral a las necesidades que plantea cada persona, ayudándoles a superar las dificultades que encuentran a su llegada y a establecerse en la comunidad. Frente a la percepción de que la inmigración puede desbordar algunos barrios, la experiencia de Huelva Acoge, que trabaja en la provincia desde el año 1991, es diferente. "No notamos esa falta de convivencia", asegura su presidenta. De hecho, reciben testimonios positivos de integración: "estoy insertado en mi barrio, mis vecinos, mi comunidad de vecinos, en el colegio, mis hijos juegan con los niños de aquí de toda la vida". García matiza que los casos concretos de conflicto son "lo que da ruido y lo que se escucha" en los medios, pero no representan la norma. Esta visión es compartida por los propios migrantes, quienes, según Patricia García, transmiten que "la sociedad andaluza es muy solidaria, es muy hospitalaria". La percepción general es que se sienten acogidos, aunque reconoce que existen "casos concretos" de personas que no reciben un trato adecuado. Iniciativas como la residencia para temporeros Ubuntu, coordinada por Carlos Carvia, buscan precisamente ofrecer "calidad de vida y un punto de partida", subrayando que el acceso a un alquiler sería clave para la integración de "muchas, muchas, muchas personas".
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