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Firmar un alquiler y pensar que “al tercer año Dios dirá”. La frase resume la sensación con la que algunos inquilinos de viviendas protegidas de Alicante describen su relación con Nestar-Azora, el fondo al que el Sindicat de Barri de Carolines considera el tercer mayor casero de España. Primero llega el alquiler. Después, el seguro de impago. Más adelante, el IBI, la comunidad o la tasa de basuras. Cargos añadidos que, según los afectados, pueden elevar la factura hasta unos 1.500 euros al año y que ahora han acabado en los juzgados.
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