El Plural
Renfe ha llevado ante la Audiencia Nacional la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que obliga a la operadora pública a permitir el acceso de competidores, en concreto Iryo, a sus instalaciones de mantenimiento pesado. La compañía sostiene que esta medida perjudica tanto sus intereses como la estabilidad del servicio público ferroviario en España. Durante los últimos años, la compañía ha dejado constancia de que la CNMC ha abierto diversas expedientes que han resultado —o podrían resultar— perjudiciales para la compañía. Estas actuaciones están vinculadas tanto a cuestiones de competencia como a labores de supervisión normativa, dos de las principales funciones que ejerce el organismo regulador dentro del sector ferroviario. Sus resoluciones afectan a la forma en que la compañía opera, fija precios, organiza sus recursos humanos y utiliza sus instalaciones. Desde Renfe se considera que no se tiene suficientemente en cuenta la función vertebradora que desempeña la empresa pública, conectando territorios y garantizando servicios independientemente de su rentabilidad económica. Asimismo, tampoco se valora adecuadamente su condición de servicio público esencial y, mientras tanto, se percibe que se favorece la expansión de operadores extranjeros centrados principalmente en los corredores de alta velocidad, que son los más rentables. Además, todavía existen procedimientos abiertos y varias resoluciones continúan pendientes de revisión judicial o administrativa. Sanciones en mercancías: el origen del conflicto ferroviario desde 2017 En el ámbito de Mercancías existen dos resoluciones especialmente relevantes. La primera fue dictada el 28 de febrero de 2017, cuando la CNMC sancionó a Renfe Operadora y Renfe Mercancías por supuestas prácticas contrarias a la competencia en el transporte ferroviario de mercancías. Posteriormente, en octubre de 2023, la CNMC llevó a cabo inspecciones en las sedes de Renfe Mercancías y Pecovasa —empresa especializada en transporte de automóviles—, actuaciones que derivaron en la apertura de un expediente sancionador que actualmente sigue en tramitación. Ambos procedimientos ocasionaron un importante perjuicio económico y reputacional para Renfe. La CNMC entra en la contratación de maquinistas Tras denuncias presentadas por la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP) y por Iryo, la CNMC impuso a Renfe diversas obligaciones estructurales que condicionan de forma significativa sus procesos de contratación de maquinistas. Desde 2018, Renfe debe comunicar anualmente a la CNMC, a otras empresas ferroviarias y a los centros de formación sus previsiones de contratación y formación de maquinistas con una anticipación de dos años. Además, desde 2024, la compañía está obligada a informar del número de maquinistas que participan en sus procesos de selección y a retrasar tres meses su incorporación efectiva para evitar, según el regulador, posibles distorsiones en el mercado laboral ferroviario. Estas resoluciones tienen un importante impacto económico, operativo, comercial, reputacional y regulatorio, al introducir obligaciones excepcionales sobre la selección e incorporación de personal de conducción y al obligar a compartir información estratégica sobre planificación de plantilla. Entre los principales perjuicios para Renfe destacan el incremento de costes asociados a la selección y planificación de personal, derivado de procesos más largos y complejos, así como...
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