Cope Zaragoza
La Agencia Tributaria ha definido los perfiles de contribuyentes que estarán en su punto de mira para el año 2026, según se detalla en las directrices del plan anual de control tributario y aduanero publicadas en el BOE el pasado 11 de marzo. La asesora patrimonial Carmen Vizireanu ha analizado el documento y advierte de que la administración ha diseñado “una hoja de ruta precisa, tecnológica y orientada a resultados que cambia las reglas del juego para todos”. El objetivo es superar los resultados del año anterior, que sobrepasaron los 19.000 millones de euros recaudados. Según explica Vizireanu, la estrategia de Hacienda para 2026 se centra en la “anticipación”. El organismo ha perfeccionado sus “actuaciones preventivas”, utilizando el cruce masivo de datos para enviar avisos a los contribuyentes antes de que presenten sus impuestos, generando lo que la experta denomina un “efecto vigilancia”. Esta metodología se aplicará de forma visible en la declaración de la Renta, donde una inteligencia artificial integrada en Renta Web analizará en tiempo real las casillas para detectar posibles errores intencionados y lanzar avisos instantáneos, explica la experta. Con esta estrategia, la administración busca dos objetivos principales. Por un lado, "ahorrar costes de inspección", ya que si el contribuyente se autocorrige por prevención, se recauda sin necesidad de un proceso completo. Por otro, generar una “sensación de control cada vez mayor”, utilizando el miedo al error como una herramienta de recaudación. “La administración ya no mira solo el impuesto, mira también el contexto, la trazabilidad y la coherencia de tu situación”, señala Vizireanu a través de su canal de Youtube @MasAlladelosImPuestos. La asesora ha desglosado los nueve colectivos que, según el BOE, serán objeto de un escrutinio especial. El primero de ellos son las multinacionales y las pymes con filiales en el extranjero, donde la Agencia Tributaria se centrará en los precios de transferencia. Vizireanu afirma que “Hacienda va a auditar de forma masiva los precios de transferencia” utilizando tecnología avanzada para comprobar si los precios entre empresas vinculadas se ajustan al valor de mercado o si se están inflando para desviar beneficios a países con menor tributación. En segundo lugar, se encuentran las grandes fortunas y personas con patrimonios relevantes. El foco no estará solo en lo que declaran, sino en sus “signos externos de riqueza”. La principal atención se dirigirá a las sociedades instrumentales o pantalla, aquellas sin actividad real cuya única función es canalizar gastos personales. “Si el inspector decide que tu sociedad es un mero disfraz para ocultar gastos privados, te va a desmantelar la estructura”, advierte la experta. En este grupo también se vigilarán las sociedades inactivas que aún posean activos. El tercer colectivo son los inversores en criptoactivos y usuarios de neobancos. Hacienda ha pasado a la “captura masiva de datos”, cruzando la información de los modelos 721 y las declaraciones de las plataformas de intercambio para detectar permutas no declaradas. El cuarto grupo es el sector inmobiliario, donde se monitorizará todo el ciclo de vida del activo. Se cruzarán datos de plataformas como Airbnb o Booking con consumos eléctricos para detectar alquileres no declarados, se vigilará el fraude de IVA en reformas y se controlarán los márgenes de beneficio en las promociones. Los profesionales y autónomos en sectores con alto uso de efectivo, como la hostelería o los servicios de reparaciones, constituyen el quinto grupo. Para ellos, se prevé un aumento de las “visitas sorpresa” y una comparación de sus márgenes de beneficio con la media de su zona. El sexto colectivo es el de la ‘gig economy’, incluyendo a repartidores, influencers que cobran en especie y vendedores de segunda mano, en quienes se rastrearán las transferencias desde plataformas de pago para detectar actividad económica no declarada. El séptimo grupo son los importadores y negocios de dropshipping, a los que se les aplicará la nueva normativa aduanera para evitar importaciones sin IVA. La octava categoría es el “colectivo de la deuda”: la Agencia Tributaria será muy agresiva en la derivación de responsabilidad hacia el patrimonio personal de administradores y familiares si detecta un vaciamiento de la sociedad deudora. Finalmente, el noveno grupo son los no residentes y nómadas digitales, en los que se controlará la residencia fiscal real a través del cruce de datos internacional y el análisis del estilo de vida. Ante este escenario de control exhaustivo, Carmen Vizireanu subraya que la solución no es el miedo, sino la “planificación fiscal sólida”. Según la asesora, muchas inspecciones podrían evitarse con una estructura correcta y un trabajo de prevención. “No se trata de engañar al sistema, se trata de usar las reglas del sistema a tu favor”, concluye, recomendando a los contribuyentes que se sientan identificados en alguno de los perfiles de riesgo que busquen asesoramiento para regularizar su situación y evitar futuras sanciones.
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