COPE
La aparición de un lobo macho adulto muerto con dos orificios de bala en el costado derecho en el río Esla, a la altura de Puente Quintos (Zamora), ha vuelto a encender las alarmas. Las organizaciones Ecologistas en Acción de Zamora y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) han exigido a la Junta de Castilla y León que asuma su responsabilidad y han denunciado los hechos ante la Fiscalía Provincial de Zamora por un presunto delito contra la fauna. Para estos colectivos, este suceso no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una realidad enquistada en la comunidad: el furtivismo. Jorge Soto, en representación de los colectivos denunciantes, ha señalado que el furtivismo y los atropellos son las principales causas de mortalidad no natural del lobo en Castilla y León. Las organizaciones apuntan directamente a la normativa autonómica. Consideran que las recientes regulaciones sobre los controles de trofeos de corzo y la emergencia cinegética por peste porcina del jabalí son el detonante. Según Soto, este marco normativo es "el caldo de cultivo perfecto para que se desarrollen estas acciones de caza ilegal contra la especie". La principal queja se centra en la falta de vigilancia y control en los cientos de cotos privados de caza de la comunidad. "Están los cotos privados continuamente llenos de cazadores, recechando corzos", afirma Soto. La situación se agrava con la caza del jabalí, permitida en horario nocturno, donde se autoriza el uso de fuentes luminosas artificiales y visores térmicos, métodos que, según denuncian, se emplean "sin ningún tipo de control en todos los cotos privados de Zamora y Castilla y León". A esta permisividad se suma la nueva normativa para el control de las capturas de corzo, publicada el pasado 27 de marzo. Los ecologistas alertan de que esta regulación parece diseñada para "favorecer el fraude que supone legalizar ejemplares abatidos ilegalmente". Esto, argumentan, dificulta enormemente la labor de fiscalización de los Agentes del SEPRONA y los Agentes Medioambientales, dejando un amplio margen para la impunidad de los cazadores furtivos. Aunque el lobo es la víctima más reciente, el problema del furtivismo tiene un epicentro claro. "En Castilla y León, la especie estrella que es más objeto de furtivismo es el corzo", explica Jorge Soto. Esta "fiebre" por los recechos de corzo en los cotos privados genera, a su juicio, "un problema de conservación, no solo para el corzo sino para el resto de las especies". La lógica es aplastante para los conservacionistas: "Una persona que está recechando corzos con un visor térmico, posiblemente si se le pone un lobo a tiro lo va a disparar. Igual no todos, pero una gran mayoría". De esta forma, la caza ilegal del corzo se convierte en una amenaza indirecta pero letal para el lobo. La presencia constante de cazadores armados con tecnología avanzada en el monte, amparados por una regulación laxa, crea un escenario de alto riesgo para una especie protegida. Soto es claro al respecto: la caza ilegal "repercute en el resto de especies", convirtiendo al lobo en un daño colateral de un problema mucho mayor. Los colectivos recuerdan que el lobo es una especie vulnerable y que su población ibérica continúa aislada del resto de poblaciones de Europa desde principios del siglo XX. Este aislamiento, sumado a la persecución histórica, ha provocado una drástica pérdida de diversidad genética y altas tasas de endogamia. Por ello, la muerte de cada ejemplar tiene un impacto significativo. "Cada ejemplar que muere por un acto furtivo, pues cuenta. Tiene una carga genética que se pierde y es muy importante preservarlo", subraya Soto. Los datos históricos respaldan la gravedad de la situación. Un estudio de mortalidad realizado entre 1972 y 2011 en Valladolid y zonas limítrofes de Zamora, León y Palencia constató 1.023 lobos muertos, de los cuales un 73% (746 ejemplares) fueron abatidos de forma ilegal. Según ASCEL y Ecologistas en Acción, la caza ilegal está detrás del estancamiento poblacional de la especie, provocando el exterminio de grupos reproductores e impidiendo el asentamiento de otros nuevos. Ante esta situación, la demanda es clara: "Hace falta más personal, más agentes medioambientales, más agentes del SEPRONA". Pero sobre todo, incide Soto, "hace falta una normativa que permita mejor fiscalizar estas acciones". Los denunciantes consideran que la situación es tan grave que la falta de acción podría constituir un presunto delito de prevaricación por omisión por parte de los responsables de la Administración. Por ello, instan a la Junta a "tomar cartas en el asunto y y intentar que esas acciones se minimicen".
Go to News Site