Cope Zaragoza
El conflicto en la educación catalana ha alcanzado un nuevo punto de tensión. Los principales sindicatos educativos —Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical— han lanzado un órdago a la Conselleria de Educación, condicionando su asistencia a la reunión programada para el próximo martes. La exigencia es clara y unánime: el departamento debe presentar un marco negociador por escrito que aborde la totalidad de sus demandas, sin dejar ninguna fuera. Esta postura se ha hecho firme tras la mesa sectorial celebrada este jueves en la sede de la Conselleria, en Barcelona, un encuentro que ha dejado a los representantes sindicales con una profunda sensación de estancamiento y frustración. La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha sido una de las voces más críticas al término de la reunión. Ha lamentado que la consellera de Educación, Esther Niubó, acudiera a la mesa "sin una propuesta concreta sobre la mesa para comenzar a desencallar el conflicto abierto". Para los sindicatos, la negociación no puede limitarse a la escuela inclusiva, un tema que consideran importante pero insuficiente. Exigen que se traten con la misma urgencia otras peticiones clave, como el aumento del complemento específico para el personal docente, una cuestión que consideran fundamental para dignificar la profesión y compensar la pérdida de poder adquisitivo. La cuestión salarial se ha convertido en una línea roja. Segura ha recordado que el aumento previsto en el acuerdo actual, de "60 euros mensuales brutos este año", es a todas luces insuficiente para paliar los efectos de la inflación acumulada. Por ello, reclaman a la Conselleria que en la próxima negociación del martes se presente una propuesta concreta que no solo aborde las mejoras en la escuela inclusiva, sino que también ponga sobre la mesa un incremento salarial digno y acorde a la situación económica actual. Sin avances en este frente, la posibilidad de un acuerdo parece remota. El tono de las advertencias ha subido de nivel, con declaraciones que reflejan la creciente brecha entre las partes. El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha acusado directamente al departamento de "estar instalado en una realidad paralela", ajeno a las verdaderas preocupaciones del personal educativo. Fernández ha sido tajante al afirmar que si la propuesta retributiva que presenten es insuficiente, su sindicato no asistirá a la reunión del martes. Esta advertencia de plantón evidencia la falta de confianza en la voluntad negociadora de la administración. La crítica de Fernández ha ido un paso más allá, llegando al terreno personal y político. En unas duras declaraciones, ha manifestado: "Es triste decirlo, pero tengo la sensación que evidentemente la señora Niubó es nuestra jefa de personal pero para mí hoy no es mi consellera". Y ha añadido un ultimátum contundente: "Si el lunes no llega esta propuesta con cara y ojos pediremos explícitamente la dimisión de Niubó". Esta amenaza directa eleva la presión sobre la consellera y la sitúa en el centro del conflicto, vinculando su continuidad a la capacidad de su departamento para reconducir la negociación. Desde la CGT, Laura Gené ha calificado la reunión como "un insulto para todas las personas movilizadas", criticando duramente la ausencia de una propuesta formal por escrito. Para su sindicato, la situación actual es de "emergencia educativa", y es responsabilidad del departamento "hacer todo lo posible para solucionar el conflicto". Esta visión apocalíptica refleja el sentir de una parte del profesorado que se siente desatendido y ninguneado por la administración, que perciben que no está tomando la iniciativa para resolver los problemas estructurales del sistema. Gené ha desgranado una lista detallada de exigencias que deben incluirse en cualquier propuesta. Además del ya mencionado aumento salarial, ha insistido en la necesidad de una disminución de ratios en las aulas, una de las reivindicaciones históricas del sector. También ha exigido dotaciones "reales para la inclusiva, no las migas que nos han ofrecido", en una clara alusión a la propuesta de destinar el 60% de las 1.066 nuevas dotaciones a este fin, cifra que consideran insuficiente. La lista se completa con la petición de más democracia en los centros y un calendario de negociaciones claro para alcanzar el 6% del presupuesto para la educación pública que marca la Ley de Educación de Cataluña (LEC). El frente sindical se muestra unido en su postura. Por parte de La Intersindical, Laia Fonts ha exigido un "acuerdo concreto" que ofrezca garantías reales de que el personal educativo podrá trabajar en condiciones dignas, tanto en materia de recursos como en el aspecto retributivo. Fonts ha sido clara sobre las consecuencias de no recibir una respuesta satisfactoria: "Si no es así, como Intersindical también seguiremos manteniendo la huelga", ha advertido, dejando claro que la amenaza de movilizaciones sigue muy presente.
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