El Plural
Mientras el mundo mantiene la mirada puesta en Oriente Próximo tras la escalada del conflicto desatado en Irán por los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el pasado mes de febrero, el Gobierno de España, que dejó desde el primer momento clara su postura contraria a la guerra y la condena a los ataques estadounidenses, estrecha el foco ahora sobre la presencia de la llamada 'flota fantasma' rusa en aguas que rodean las Islas Canarias y otras zonas de la península como el mar de Alborán o el estrecho de Gibraltar. Según se desprende del último informe de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno, cada semana se detectan 50 de estos barcos en las proximidades del archipiélago canario, lo que ha forzado a que el Ejecutivo doblegue los esfuerzos en vigilancia naval y control portuario. De esta forma, en el mencionado documento se hace referencia a que "aunque España se considera un objetivo secundario de la actividad híbrida rusa", la "creciente acción" en aguas del Mediterráneo de estos petroleros "que eluden sanciones y operan cerca de las costas españolas" es algo que "añade riesgos". Entre estos, el documento menciona "accidentes, contaminación, daños a infraestructuras submarinas y un eventual, pero a la vez muy poco probable, uso como plataforma para el lanzamiento de drones". Por esta razón, la presencia de estos barcos obliga "a reforzar la vigilancia naval, el control portuario y la inteligencia marítima". Tal y como detalla este informe elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional, se trata de "buques de transporte de hidrocarburos que se dedican a transbordar (de buques pequeños a buques de mayor porte) petróleo crudo y refinados de origen ruso, aunque también venezolano e iraní, para luego ser transportado a países asiáticos". Asimismo, añade que durante 2025 "se ha quintuplicado la presencia de barcos rusos transitando próximos a las costas canarias", lo que ha llevado a que el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada (COVAM) informe de "una media de 50 buques semanales, tomando como criterio la lista de buques sancionados por la UE", que alcanza ya casi 600 embarcaciones. Ante este escenario, desde el Ejecutivo español admiten que "la posibilidad legal de actuar" contra estas embarcaciones "en la mar es un asunto de difícil resolución". Con todo, señala que, puesto que "también pueden emplearse en actividades ilícitas o incluso en acciones de sabotaje contra infraestructuras críticas", las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "intensifican la vigilancia de zonas sensibles mediante sus capacidades navales, como gasoductos submarinos, puertos y áreas de fondeo". En línea con esto último, desde el Gobierno detallan que para materializar todo ello, se emplean sistemas como el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil diseñado para detectar, identificar y seguir embarcaciones sospechosas en la costa en tiempo real, así como "sensores costeros y patrullas oceánicas, además de cooperar con la Armada y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) en la identificación de flotas fantasmas y el control del tráfico...
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