El Plural
España vivía pendiente del dato de inflación que este pasado jueves publicaba el Instituto Nacional de Estadística (INE). Su resultado condicionaría el escudo social que el Gobierno de Pedro Sánchez desplegó para amortiguar el impacto de la guerra ilegal en Irán sobre la economía patria. Algunas de las medidas tienen en junio su fecha de caducidad – ya sea el 1 o el 30 del sexto mes del año -, lo que abre un nuevo frente para el Ejecutivo. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzaba esta misma semana su predisposición a extender las iniciativas, aunque ello dependería del dato inflacionario de abril, que ha confirmado la relativa eficacia del decreto al moderar dos décimas el IPC (3,2% interanual y 2,8% la subyacente). Ahora, Moncloa se enfrenta a un nuevo escenario de desescalada. La bajada de la electricidad y del gas natural ha sido determinante para la contención del índice. No ocurre así con los carburantes, que siguen empujando al alza por la tensión derivada del conflicto en Oriente Próximo. Dicho escenario motiva al Ejecutivo para preparar una retirada parcial de algunas de los incentivos fiscales del escudo anticrisis para el 1 de junio. El plan pasa por una desescalada de parte del Plan de Respuesta vinculado especialmente a la luz y al gas, toda vez se ha constatado el abaratamiento de ambos suministros. Desde Economía, eso sí, precisan que otras ayudas se mantendrán vivas al considerarlas aún necesarias por el delicado estado del tablero geopolítico. La consecuencia de la moderación del IPC se dejará notar en las rebajas fiscales en términos de electricidad y gas natural. La lectura que extraen desde el Ministerio de Economía es que ambas parcelas caen un 4,3% y un 9,6% respectivamente en comparación al mes de abril de 2025. Datos que, según fuentes ministeriales, confirman la capacidad del sistema energético español para "absorber shocks externos" vinculada a la apuesta firme por la transición verde y la "soberanía energética". Desescalada fiscal El contrapunto lo ponen los carburantes, que siguen empujando al alza por la persistencia del impacto en los mercados internacionales por la guerra. Así, en tal contexto, afirman que el Plan de Respuesta está cumpliendo con su espíritu, que no era sino amortiguar el golpe bélico sobre la inflación y el poder adquisitivo de los pequeños consumidores. Y es que, según apuntan, el dato inflacionario de abril, de no existir el escudo social, se hubiera disparado al 28,9% en el apartado de los carburantes. Dicho de otro modo, las iniciativas fiscales del Ejecutivo han moderado la cifra en más de 16 puntos porcentuales. Así las cosas, las medidas fiscales sobre los carburantes permanecerán vigentes hasta el 30 de junio. Antes de la llegada del verano, sin embargo, se prevé la supresión de las medidas del Plan de Respuesta con respecto a la luz y el gas natural. La caída de precios en sendas parcelas permite – según apuntan desde el Ejecutivo – iniciar su desactivación. En esta carpeta se encuentran las...
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